Hace exactamente cinco años –en junio de 2012– el gobierno del entonces presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para poner en marcha un nuevo programa de inmigración que iba a cambiar el destino de miles de jóvenes indocumentados en todo el país. Se trata del Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), un programa que concede el derecho a vivir y a trabajar a todos aquellos inmigrantes que hayan entrado al país de forma irregular con menos de 16 años de edad y  bajo la condición de no haber cometido ningún crimen o infracción penal.

El programa también exige que los solicitantes estén matriculados en algún instituto superior o hayan terminado los estudios de secundaria, así como que hayan residido en el país con anterioridad a junio de 2007.

Desde entonces, el programa ha permitido regularizar la situación de más de 750.000 inmigrantes indocumentados en todo el país –los llamados ‘dreamers”– el 75% de origen mexicano, según un informe del Pew Research Center. El permiso es temporal y está sujeto a un proceso de renovación cada dos años. Cerca de 512.000 esperan poder renovar su permiso DACA cuando termine el año fiscal, el 30 de septiembre según el estudio.

Hasta ahora, la renovación del DACA –aunque un proceso algo engorroso a nivel burocrático– era fácil de conseguir. Para los beneficiarios de este programa, renovar su estatus legal es fundamental para continuar sus estudios universitarios o tener acceso a un buen empleo, librándose de tener que vivir en la sombra o bajo el miedo a ser deportados como el resto de indocumentados. Pero ahora, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, todo puede cambiar.

Tal y como prometió durante su campaña electoral, la administración del presidente republicano ha puesto en marcha una política de mano dura contra los inmigrantes indocumentados –cebándose especialmente en los latinos–  a quienes acusa de ser responsables del aumento del crimen y la inseguridad en el país.

En los últimos seis meses, los arrestos y redadas en las comunidades inmigrantes por parte de las agentes de inmigración y aduanas han aumentado. La administración Trump ha anunciado también la contratación de más de 15.000 nuevos agentes de inmigración y aduanas, así como la aprobación de una nueva ley para castigar con recortes de fondos públicos a las llamadas “ciudades santuario” si no colaboran en el intercambio de datos con los agentes de inmigración para identificar a los indocumentados.

Dentro de este contexto de miedo, los DACA parecen haberse librado hasta ahora de ser un objetivo de deportación de la administración Trump. Desde su llegada al poder, en enero, el presidente Trump ha asegurado en diversas ocasiones que su gobierno respetará los derechos de los ‘dreamers’, muchos de los cuales han crecido en EEUU y no tienen contacto con su país de origen, el que abandonaron de pequeños.

En una rueda prensa en febrero, Trump dijo que su gobierno “iba a mostrar un gran corazón” con todos esos “increíbles muchachos”, contradiciendo su promesa electoral de terminar con el DACA.

El pasado mayo, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly volvió a insistir en que el programa se quedará como está, a pesar de las críticas del ala más radical del partido republicano, que exigen que sea eliminado. Hace dos semanas,  un grupo de 10 estados “rojos”, liderados por el fiscal general de Texas, envió una carta a la Casa Blanca exigiendo la inmediata eliminación del programa, alegando que “el DACA confiere de forma unilateral la elegibilidad para obtener un permiso de trabajo y la presencia legal en el territorio sin la autorización estatuaria del Congreso”.

De momento, la administración Trump no se ha pronunciado todavía, pero el hecho de que el programa DACA fuese impuesto bajo una “orden ejecutiva” del presidente Obama, da derecho al actual gobierno a revocarlo en cualquier momento, según alertan la asociación de derechos de los inmigrantes, HIAS Pennsylvania.

Hasta ahora, la administración Trump se ha limitado a poner punto y final a otra propuesta de decreto-ley presentada por  Obama, el DAPA (Deferred Action for Parents Arrivals) que pretendía extender los beneficios del DACA a los inmigrantes con hijos residentes en EEUU o con nacionalidad estadounidense. El memorándum de la ley DAPA había quedado en suspensión al no haber obtenido la aprobación de la Corte Suprema en 2014.

El gobierno por un lado promete que seguirá procesando aplicaciones para obtención y renovación del DACA, pero los casos recientes de detención y amenazas de deportaciones de ‘dreamers’ por todo el país han sembrado el miedo en esta joven comunidad.

El caso más polémico ha sido el de Jessica Colotl, una inmigrante mexicana de 28 años residente en Georgia que fue detenida a principios de mayo por las agentes del ICE y amenazada con la deportación al verse retirada del programa DACA.

Alegando una violación de las normas de tráfico cometida por Colotl en 2010, los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) comunicaron el lunes la retirada de los privilegios del DACA por no cumplir con uno de los requisitos básicos: no haber cometido ningún crimen o infracción menor.  

Después de un mes de luchas con abogados, la inmigrante, estudiante en la Kennesaw State University, ha conseguido que un juez revoque la decisión de ICE. Según informaba el Atlanta Journal Constitution, un juez del condado de Cobby logró desestimar primero la violación de tránsito cometida por Colotl como argumento para expulsarla del programa, alegando que la inmigrante ya había sido “perdonada” por esa infracción bajo el mandato de Obama. No obstante, las fuerzas de lCE se aferraron a otra acusación –felonía– sosteniendo que Colotl había admitido su falta ante los agentes del ICE, lo que obligó a los abogados de la joven a llevar su caso ante un juez federal.

“Es simplemente sorprendente ver que bajo la administración Obama pude renovar mi aplicación al DACA sin problemas. En cambio,  bajo esta administración, mi estatus DACA ha sido terminado, a pesar de haber dicho... que no iban detrás de los ‘dreamers’”, dijo Colotl durante el proceso.

Finalmente, después de casi seis meses de litigaciones y abogados, Colotl consiguió librarse de la deportación. El lunes, un juez federal en Atlanta dictaminó que la inmigrante mexicana fuera readmitida en el programa DACA y se detuviera su proceso de deportación. Desde la puesta en marcha del programa, en 2012, más de 1.500 Dreamers han visto cómo su estatus legal privilegiado ha sido revocado por las autoridades de inmigración y Aduanas, según The New York Times.

Sin embargo, casos como el suyo han puesto en evidencia que la administración Trump está mirando con lupa el requisito básico para la renovación del DACA: no haber cometido ningún crimen, y pequeñas infracciones como una multa de tránsito pueden ahora sembrar una situación de pánico entre los ‘dreamers’.

También en el estado de Georgia, un beneficiario del programa federal DACA fue arrestado a principios de año y en riesgo de deportación pese que el juez desestimó los cargos por los que fue detenido.

Rubén González Guzmán, de 22 años, originario de Reynosa, Tamaulipas (México), fue arrestado tras ser acusado de participar en el robo de un vehículo, aunque los investigadores comprobaron luego que no estaba involucrado en el hecho delictivo y la acusación fue retirada antes de que sea traslado al centro de detención, según EFE.

“Es un muchacho que trabaja en la construcción y los fines de semana ayuda a los vecinos cortando la yarda. El sueño de Rubén era entrar en los marines y continuar ayudando a su comunidad”, expresó a EFE Araceli Guzmán, madre del joven.

Al tratar de detenerlo, el conductor del vehículo emprendió la fuga, pero finalmente fue interceptado por las autoridades. El conductor huyó y Rubén, que era uno de los pasajeros, se quedó para hablar con las autoridades.

Byron Martínez, director de la organización United We Stand, comentó que al momento de su arresto el joven tenía el DACA vigente y estaba en proceso de renovación de este programa federal que otorga alivio migratorio a los jóvenes traídos por sus padres cuando eran menores de edad.

Con más de 216.000 beneficiarios de DACA, California es el estado con mayor número de ‘dreamers’, seguido de Texas (120.642) e Illinois (41.256).

En California, la mayoría son hijos de inmigrantes latinos, especialmente mexicanos, que ha conseguido regularizar su situación y acceder a los estudios universitarios.

El pasado marzo, el Monterey Herald destapó el caso de Juan Manuel Martínez, un ‘dreamer’ mexicano de 19 años residente en Salinas, que fue detenido y encarcelado por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) después de ser acusado injustamente de pertenecer a una “banda” criminal.

Según el Monterey Herald, Juan Manuel Martínez fue detenido el pasado 19 de marzo en el párking de la cárcel del condado de Monterey, donde había ido a acompañar a un amigo que quería visitar a un preso. Los policías acusaron al joven de intentar meter drogas en la cárcel. Aunque ese mismo día se verificó que la acusación era falsa, los agentes del ICE  mantuvieron orden de arresto, acusándolo de pertenecer a una banda juvenil y, por tanto, con posibilidad de haber cometido algún crimen, lo que les permitía revocarle del programa DACA.

Martínez permaneció encerrado en un centro de detención del norte de California durante casi dos meses, hasta que los abogados consiguieron demostrar que las acusaciones no eran ciertas. Martínez –que trabajaba como temporero en un campo de lechugas y espinacas– fue puesto en libertad por un juez de inmigración el pasado 3 de mayo. La detención del muchacho, no obstante, le ha dejado secuelas psicológicas: “apenas habla, no puede dormir, casi no come”, informaron sus familiares en una rueda de prensa tras su liberación.  

No queda otro remedio que confiar. El secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly aseguró en junio que DACA permanecería en vigor y que el gobierno “seguirá manteniendo en 1 millón la cifra de inmigrantes legales por año”. Sin embargo, “no vamos a propiciar un contexto favorecedor a los movimientos transfronterizos ilegales”, alertó el máximo responsable en políticas de inmigración.

Según cifras reveladas el pasado junio por el Departamento de Ciudadanía e Inmigración, aproximadamente 17.000 inmigrantes han aplicado por primera vez para ampararse en el programa DACA desde enero de este año.

Las estadísticas del Departamento de Inmigración revelan además que otros 107.000 inmigrantes que ya tienen el estatus solicitaron la renovación de su permiso DACA.

Los requisitos para su obtención siguen siendo los mismos: haber entrado en el país con menos de 16 años con anterioridad a 2007, ser estudiante de secundaria y no haber cometido ningún crimen o infracción penal.

Conozca el relato de María Sotomayo, una 'dreamer' de Filadelfia que hizo su sueño realidad.