Hace menos de un mes, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly aseguró que la administración Trump no tenía intención de eliminar el programa DACA (Deferred Action for Childhood Deferral).

Actualmente, cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes de todo el país se benefician de este programa instaurado por el expresidente Barack Obama para regularizar la situación de todos aquellos inmigrantes que entraron en el país de forma ilegal con menos de 16 años.  Los beneficiarios del DACA, también conocidos como "Dreamers", tienen derecho a vivir y a trabajar en los EEUU siempre y cuando no cometan ningún crimen o infracción penal. 

Sin embargo, algunos estados republicanos reclaman al Presidente Trump la misma política de mano dura con los "dreamers" que con el resto de inmigrantes indocumentados. 

Esta semana, representantes  de 10 estados "rojos", liderados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, enviaron una carta al fiscal general del país Jess Sessions para exigir que se elimine el programa DACA. 

"Con todo respeto, exigimos que el secretario de seguridad nacional elimine el programa DACA. Igual que el DAPA, el DACA confiere de forma unilateral la eligibilidad para obtener un permiso de trabajo y la presencia legal en el territorio sin la autorización estauaria del Congreso."

El DAPA (Deferred Action for Parents of Americans) fue otra de las iniciativas del expresidente Obama, que no llegó a obtener la aprobación del Congreso. El DAPA tenía como objetivo regularizar la situación de los inmigrantes cuyos hijos han nacido en los EEUU y/o tienen ciudadanía americana.

Según EFE, los 10 estados han amenazado con llevar a los tribunales el programa DACA si el gobierno no lo cesa antes del 5 de setiembre. 

También han pedido al secretario de Seguridad Nacional John Kelly que anule el memorandum firmado el 15 de junio de 2012 por el anterior presidente y emita una orden ejecutiva para prohibir que se renueven ni expandan los permisos DACA en el futuro. 

Los beneficiarios del programa DACA gozan de un permiso legal para vivir y trabajar en los EEUU que debe renovarse cada dos años. El proceso de renovación implicaba un proceso burocrático un poco lento y costoso, pero por lo general era fácil obtenerlo. Ahora, bajo la administración Trump, la situación ha cambiado. Vistos algunos casos recientes de arrestos y amenazas de deportación de DACA por todo el país en los últimos meses, todo parece indicar que los agentes de inmigración y aduanas (ICE) estan mirando con lupa una de las condiciones básicas para conseguir la renovación del permiso: no haber cometido ningún crimen o infracción penal, aunque sea una multa de tráfico. 

A la carta del fiscal general de Texas se han sumado los fiscales generales de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Tennessee, West Virginia e Idaho.

Si la administración no cancela el DACA, los funcionarios del estado aseguran que interpondran una demanda contra el programa en las cortes texana de Brownsville, dirigidas por el magistrado Andrew S.Hanen. Este juez fue el qué consiguió interpelar el programa DAPA en 2015.

 Tras hacerse pública esta carta, el Fondo Mexican-americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) condenó la decisión tomada por los 10 estados, llamándola "xenofóbica."

El presidente de Maldef, Thomas Saenz, dijo que la iniciativa era "xenofóbica" y nada consistente con la historia y el progeso de los EEUU. Saenz urgió a Trump proteger los beneficiarios del programa DACA, individuos que han sabido demostrar de sobras que vale la pena protegerles de ser deportados.