La escena es tan dramática como inquietante: migrantes venezolanos con la cabeza rapada, esposados y obligados a caminar encorvados por agentes encapuchados. Las imágenes, difundidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, muestran a algunos de los 238 deportados desde Estados Unidos a la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Bajo el argumento de que pertenecen al grupo criminal Tren de Aragua —sin pruebas públicas hasta ahora—, estos migrantes han sido enviados a una de las prisiones más temidas de América Latina. Todo bajo la firma del presidente Donald Trump, quien ha reactivado una oscura herramienta legal de hace más de dos siglos para justificar su ofensiva migratoria.

Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa pensada para tiempos de guerra, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Con ella, Trump ha acelerado deportaciones sumarias sin pasar por los debidos procesos judiciales. En palabras de la jueza federal Patricia Millett, designada por el expresidente Barack Obama, “los nazis recibieron mejor trato”, ya que tuvieron derecho a audiencias antes de ser expulsados.

En apenas los primeros meses del segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a más de 32.000 migrantes, según cifras oficiales. Las redadas ocurren en centros de trabajo, aeropuertos, puestos de control en carretera y oficinas migratorias. Nadie parece estar a salvo.

Franco Caraballo, barbero venezolano de 26 años y solicitante de asilo desde 2023, fue arrestado cuando acudió a una cita rutinaria en la oficina de ICE en Dallas, Texas. “No he hecho nada”, le alcanzó a decir a su esposa Johanny Sánchez por teléfono antes de perder contacto. Lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua por sus tatuajes: una rosa y un reloj con la hora del nacimiento de su hija.

La misma suerte corrieron Mervin Yamarte y Jhon Chacín, detenidos sin antecedentes penales, pero con tatuajes que las autoridades consideraron sospechosos. La familia de Mervin lo reconoció en un noticiero salvadoreño, rapado, esposado y con expresión de pánico. “Esa mirada es un grito de auxilio”, dijo su madre, Mercedes Yamarte, desde Maracaibo, Venezuela.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado un intenso debate en la rama judicial. El juez federal James Boasberg suspendió temporalmente las deportaciones masivas el 15 de marzo. Argumentó que los afectados deben poder impugnar su deportación y defenderse en una audiencia. La administración Trump apeló de inmediato.

“El gobierno está usando esta ley para eludir los procedimientos migratorios establecidos”, señaló Lee Gelernt, abogada de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), durante una audiencia en la corte de apelaciones. Incluso jueces nombrados por presidentes republicanos se mostraron incómodos con la magnitud del poder que Trump pretende ejercer.

La tensión entre el poder judicial y el ejecutivo ha escalado. Trump ha atacado públicamente a Boasberg y ha insinuado ignorar las órdenes judiciales. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le respondió con una rara reprimenda pública, recordando que ningún presidente está por encima de la ley.

Cárceles para menores en El Salvador

Una de las aristas más perturbadoras de la actual política antiinmigrante es la colaboración entre Estados Unidos y El Salvador. No solo los adultos han sido enviados a cárceles salvadoreñas, sino que también menores de edad salvadoreños están siendo trasladados a prisiones para adultos, en lo que organizaciones como Human Rights Watch y la ONU consideran una violación flagrante a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Margarita Ramírez, madre de Dustin, de 16 años, no entiende cómo su hijo, acusado de pintar un grafiti con supuesta simbología de pandillas, ahora debe convivir con adultos en un entorno sin programas de rehabilitación. “Le están quitando sus sueños”, dice con una foto en la mano.

La reforma legal que permite este tipo de traslados fue aprobada por el Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo de Bukele. El gobierno asegura que los menores estarán en pabellones separados, pero los padres desconfían. “No creemos en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad”, sentenció el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

¿Presunción de inocencia?

La narrativa oficial se sostiene en la promesa de seguridad nacional. El argumento central es que estos migrantes representan una amenaza por su supuesta relación con organizaciones criminales. Pero las pruebas, cuando existen, son mínimas. En la mayoría de los casos, los tatuajes personales han sido utilizados como criterio de sospecha.

Alirio Belloso, venezolano de 30 años, fue deportado a El Salvador pese a estar en lista para ser repatriado a su país. Sus tatuajes —el nombre de su hija, una imagen en honor a una sobrina fallecida— fueron considerados como evidencia de pertenencia al Tren de Aragua. Su esposa se pregunta, “¿fue por los tatuajes?”

Incluso ciudadanos estadounidenses han comenzado a sentir el impacto de esta política. Camila Muñoz, peruana de 26 años, fue detenida en Puerto Rico al regresar de su luna de miel, pese a tener trámites de residencia en curso. Su esposo, Bradley Bartell, quien votó por Trump, expresó su desilusión: “Me quejo del sistema, no me arrepiento del voto, pero esto no es justo”.

Una estrategia internacional

La política de deportaciones no se queda en las fronteras de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, emprendió una gira por El Salvador, Colombia y México para consolidar alianzas que faciliten las expulsiones. En Colombia, la tensión aumentó cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir migrantes en aviones militares. Trump respondió con amenazas arancelarias, y Petro acabó cediendo.

México también ha sido blanco de las presiones de Washington. Trump impuso un arancel del 25% a todos los productos mexicanos importados, como castigo por no frenar el flujo migratorio ni el tráfico de fentanilo. El impacto económico obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a buscar una salida diplomática.

¿Hacia dónde va esta política?

La nueva aplicación CBP Home, lanzada por el Departamento de Seguridad Interior, incluye una función de “salida verificada”, que permite a los migrantes registrar voluntariamente su autodeportación. Según Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, incluso aquellos que iniciaron trámites de asilo bajo el mandato de Joe Biden están siendo considerados ilegales por la administración Trump.

“Estamos hablando de personas enviadas a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas”, advirtió ACLU. La falta de transparencia, la rapidez de las expulsiones y la criminalización sin juicio preocupan a defensores de derechos humanos dentro y fuera del país.

Mientras tanto, familias como la de Mercedes Yamarte cuelgan pancartas en Maracaibo con los rostros de sus hijos y mensajes de esperanza: “Libertad para Mervin, Andy, Ringo y Edwuin”. Para ellos, la pregunta no es solo hasta dónde llegará Trump, sino cuántas vidas más se verán quebradas antes de que se detenga esta maquinaria de deportación sin garantías.

Con información de AFP