Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero político estadounidense con una decisión que, aunque largamente anticipada por sus seguidores más conservadores, no deja de provocar desconcierto, oposición legal y preocupación social. El jueves pasado, el presidente firmó una orden ejecutiva para comenzar el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, una institución creada en 1979 bajo el mandato del demócrata Jimmy Carter.

"Vamos a cerrarlo y lo vamos a hacer lo más rápido posible", dijo Trump desde el Salón Este de la Casa Blanca, rodeado de niños sentados en escritorios escolares. Así lo reportó The New York Times, que destacó que, si bien el mandatario puede limitar su funcionamiento mediante recortes, el cierre total solo puede ser aprobado por el Congreso, dado que el Departamento fue creado por ley.

Con esta movida, Trump busca posicionarse como el presidente que finalmente pone fin a lo que muchos conservadores han considerado una burocracia inútil. Según reportó la BBC, el presidente acusa al Departamento de ser responsable de “fallas asombrosas” y de haber servido como vehículo para adoctrinar a los jóvenes en temas raciales, sexuales y políticos.

La misma cadena británica subrayó que, a pesar de la retórica incendiaria, la educación en Estados Unidos sigue siendo controlada principalmente por autoridades estatales y locales, y que solo el 13% del financiamiento a escuelas primarias y secundarias proviene del gobierno federal.

La intención de Trump es "devolver el dinero a los estados", y trasladar ciertas funciones del Departamento de Educación a otras agencias, como el Departamento del Tesoro. Sin embargo, el texto de la orden ejecutiva no especifica qué programas se eliminarán ni cómo se realizará la redistribución, según detalló la BBC.

Menos burocracia es la meta

La ofensiva se enmarca en un proyecto más amplio de recorte del tamaño del gobierno federal, promovido desde la llamada Department of Government Efficiency (DOGE), una iniciativa que, según la BBC, es supervisada por el multimillonario Elon Musk. Como parte de estos cambios, más de 2.100 empleados del Departamento de Educación serán puestos en licencia, una cifra que representa cerca de la mitad de la plantilla.

Según The New York Times, la administración Trump ya había recortado US$600 millones en subvenciones y desmantelado áreas clave como la Oficina de Derechos Civiles. A pesar de eso, en su discurso Trump dijo que se conservarán funciones consideradas "útiles", como la gestión de préstamos estudiantiles, la financiación para educación especial y el cumplimiento de leyes de derechos civiles.

Alarma y expectativa

El impacto de estos cambios ya se siente a nivel local. CBS News recogió los testimonios desde Filadelfia de educadores como la doctora Alicia Kennedy, directora de servicios especiales en la escuela Global Leadership Academy, que expresó que la situación genera "caos y peligro". Kennedy, quien supervisa la educación especial de 125 niños, explicó que sin financiación federal sería imposible ofrecer servicios como audífonos, terapias del habla o contratar profesores especializados. "No sé de dónde vendrá la financiación el próximo mes", afirmó.

La nota también recogió el testimonio de Jen Fisher, madre de niños que reciben educación especial, quien señaló que sin el apoyo del Departamento, costear esos servicios sería “casi imposible”.

En el plano estatal, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que está dispuesto a emprender acciones legales si los cambios afectan la llegada de fondos federales a las escuelas de su estado. Según reportó el Philadelphia Inquirer, Shapiro —quien ya ha demandado anteriormente a la administración Trump por congelar fondos ambientales— advirtió: “Si alguien intenta quitarle algo a los estudiantes de Pensilvania, tendrán que enfrentarse conmigo”.

Mientras tanto, los líderes republicanos en el estado expresaron una visión opuesta. El senador estatal Joe Pittman apoyó la eliminación de la burocracia, y el representante Jesse Topper dijo en una entrevista televisiva que, si el dinero federal llega sin restricciones, "nadie en Pensilvania se va a quejar".

La batalla que viene

La decisión de Trump ya enfrenta una avalancha de críticas. Organizaciones como la American Council on Education calificaron la orden como “teatro político” y no una política pública seria, según The New York Times. Por su parte, la poderosa American Federation of Teachers expresó, en declaraciones recogidas por la BBC, que “no se puede usar una guerra contra lo woke como excusa para atacar a los niños pobres y con discapacidades”.

Además, varios actores del sector educativo planean llevar el caso a los tribunales, argumentando que la orden viola la Constitución y los principios de separación de poderes. De hecho, según The New York Times, algunos juristas están considerando invocar un fallo de la Corte Suprema de 2024 que refuerza la autoridad del Congreso frente a interpretaciones unilaterales del Ejecutivo.

Incluso entre los republicanos hay dudas. En la anterior sesión del Congreso, una cuarta parte de los representantes del Partido Republicano votó en contra de una propuesta para eliminar el Departamento. Y aunque el senador Bill Cassidy, de Luisiana, anunció que presentará legislación para cerrarlo, la BBC advirtió que los republicanos necesitarían 60 votos en el Senado para aprobar esa medida, lo que hace que su viabilidad sea escasa.

¿Una apuesta de alto riesgo?

Más allá de su viabilidad legal o legislativa, la decisión de Trump abre un nuevo frente ideológico y político en un país donde la educación pública ya enfrenta retos profundos: desde el rezago académico pospandemia hasta las desigualdades en acceso y calidad educativa.

Como señaló Frederick M. Hess, analista del American Enterprise Institute, en diálogo con The New York Times, “vamos a tener este gran debate nacional sin resolver los problemas prácticos. Porque estamos tan enfocados en la conversación a 30 mil pies de altura, que no estamos arreglando lo que realmente complica la vida de padres y educadores”.

En otras palabras, el movimiento de Trump representa una apuesta audaz y simbólica que podría redefinir el rol del gobierno federal en la educación, pero también corre el riesgo de dejar en el limbo a millones de estudiantes si no se concretan soluciones claras y viables.