En Pensilvania viven 23.000 ‘dreamers’, el 40% originarios de México y otros países de Centroamérica, según cifras del Migration Policy Institute.

Pensilvania es uno de los 20 estados del país que permiten a los ‘dreamers’ beneficiarse de los mismos programas de subsidios y tarifas especiales para matricularse en sus universidades estatales (in state tuition fee), a diferencia de Arizona o Virginia, que solo conceden estas ayudas a los residentes con ciudadanía legal.

Entre los ‘dreamers’ de Pensilvania está María Sotomayor, deputy director del Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC), organización que promueve los derechos de los inmigrantes y refugiados en el estado.

María Sotomayor llegó a EEUU procedente de Ecuador en 2002, cuatro años después de que lo hicieran sus padres. Tenía solo diez años. Se instalaron en Delaware County, PA, donde María y su familia vivieron como inmigrantes indocumentados, una condición que le llevó a vivir situaciones desagradables que todavía guarda en su memoria. Por ejemplo, cuando le cerraron las puertas de una escuela pública por no tener papeles. “Mi madre peleó, se quejó... y hasta los directivos de la escuela la amenazaron con denunciarla ante autoridades migratorias, recuerda esta joven inmigrante ecuatoriana.

Sotomayor estudió su secundaria en una escuela católica y al terminar tocó puertas en varias instituciones de educación superior. Habló personalmente con los decanos de varias facultades, expuso su caso... pero a la hora de ser admitida topó con el mismo problema: su estatus migratorio. Finalmente, fue aceptada en Neumann University, donde se graduó en Psicología, profesión que de momento ha abandonado para dedicarse a la lucha por los derechos de los inmigrantes.

Mientras María todavía decidía el rumbo de su incierto futuro profesional, su vida dio un giro vital cuando en 2012 el presidente Barack Obama anunció la entrada en vigor del programa DACA.

Ese mismo año, María se acogió al programa y hoy forma parte de los más de 750.000 ‘dreamers’ como se conoce a los beneficiarios de este programa, que residen y trabajan en EE.UU.

Como directora de la Pennsylvania Immigration & Citizenship Coalition (PICC), lidera varias campañas de apoyo para mejorar los derechos de los inmigrantes a nivel estatal  y federal, entre los que también se incluyen los  ‘dreamers’. Los beneficiarios de DACA deben renovar su permiso cada dos años y siguen sin tener con una vía abierta a conseguir la ciudadanía.

Por otro lado, la política de mano dura contra la inmigración irregular iniciada por la administración Trump ha disparado el temor a las deportaciones entre esta comunidad.

Los casos recientes de detenciones y bloqueos en el proceso de renovación del permiso DACA hacen pensar que las autoridades de inmigración (ICE) están mirando con lupa una condición básica para la renovación de la protección DACA: no haber cometido ningún crimen. Varios arrestos se fundamentaban en delitos y faltas menores cometidos por los ‘dreamers’, desde multas de tráfico o estacionamiento indebido.

Sotomayor se casó en enero y ha conseguido normalizar su residencia en EEUU. Sabe que es una suerte, pero asegura que el hecho de tener una Green Card no significa que dejará de trabajar por los derechos de los inmigrantes. La incertidumbre continúa. “Todavía no sé qué va a suceder con mis papás y mi hermana”, explica, antes de contestar este breve cuestionario para AL DÍA:

Me quedé muy sorprendida cuando escuché hablar por primera vez del DACA. Tenía 17 años y pensé “este es el plástico que necesitaba para mejorar mi vida.  Hasta entonces no creí que iba a poder trabajar en lo que me gustaba, ni siquiera tener licencia para conducir en Pensilvania o vivir sin miedo de ser detenida por el ICE. Lo más importante: nunca creí que iba a poder volver a mi país para visitar a mi familia o trabajar. Fui una privilegiada por reunir los requisitos para solicitar el DACA, porque hay muchos otros inmigrantes como yo, con ganas de vivir su sueño, que se quedan fuera del programa, ya que es muy limitado y muy específico. Es triste que en EEUU la humanidad de una persona, sus derechos, su integridad dependan de una tarjeta plástica.

Tuve que renovar mi DACA por tercera vez antes de las elecciones. Estaba nerviosa por si resultado de las presidenciales afectaría mi posibilidad de renovar el permiso y continuar formando parte de este programa. Recibí mi tarjeta DACA pocas semanas después de las elecciones. La DACA debe renovarse cada dos años y pagar $495 cada vez.

Pienso que todos aquellos que cualifican para el DACA pueden ir a renovar sus permisos sin miedo, lo mismo digo para todos aquellos que van a solicitarlo por primera vez. Al fin y al cabo, estar en posesión del DACA les protege de deportaciones y le garantiza un permiso de trabajo, lo que puede ser de gran ayuda para mucha gente. Les puede ayudar a conseguir puestos de prácticas o empleos que realmente desean. Aunque también creo que la gente debería ir con cuidado y no dar por garantizada su protección: el permiso DACA ofrece solo una protección temporal ante las deportaciones, es solo un permiso de trabajo temporal. Los ‘dreamers’ no tienen vía a la ciudadanía y pueden perder su estatus en cualquier momento.

Independientemente, aconsejaría a todos los beneficiarios del DACA que aprovechen al máximo las ventajas de su permiso y persigan sus sueños, pero que no se olviden nunca de seguir luchando por todos aquellos que no tuvieron esta oportunidad y se ayuden mutuamente en este proceso.

A diferencia de otros estados, en Pensilvania los ‘dreamers’ pueden obtener licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales. También pueden acceder a la universidad sin tener que preocuparse de ser expulsados por su estatus legal, aunque todavía tienen que lidiar con un pesado proceso de admisiones y pagar tarifas académicas el doble o el triple de caras, debido a la desigualdad de tarifas públicas existente en todo el estado. Podemos ir al médico, pero no podemos contratar un seguro médico privado a no ser que nos lo provea nuestro empleador. Tampoco somos calificables para acceder al Affordable Care Act ( Sistema de Sanidad Pública Accesible, o ACA) o lo que sea que acabe quedando del ACA.

El PICC lleva desde el año 2012 prestando apoyo a los jóvenes elegibles para el programa DACA y a sus familias mediante la organización de actividades formativas y de asesoramiento legal. Llevamos a cabo estas actividades mediante acuerdos con organizaciones locales y despachos legales de Pensilvania.

Nuestra organización también defiende a los beneficiarios del DACA cuando se producen retrasos a la hora de emitir o renovar sus permisos, poniendo en peligro sus puestos de trabajo o forzándoles a solicitar la baja administrativa debido a retrasos en la oficina de inmigración (USCIS).

La PICC ha creado varios modelos de cartas para que los empleadores puedan dirigirse a los senadores estatales y solicitar apoyo para estos jóvenes indocumentados. Estamos encantados de ofrecer nuestra ayuda y material a cualquier persona que esté experimentando retrasos en su renovación de la DACA y necesite defenderse.   

Por otro lado, la PICC continuará trabajando día a día para la comunidad de inmigrantes, refugiados y nuevos americanos, y luchará por mejorar el trato y la igualdad de oportunidades en todas nuestras comunidades.