Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos accedía a mantener el veto al asilo solicitado por la Administración Trump, la maquinaria del Departamento de Seguridad Nacional improvisaba cortes de inmigración en la frontera con México.

El gobierno decidió resolver la cantidad de solicitudes de asilo en la frontera a través de cortes improvisadas en tiendas de campaña, donde los inmigrantes asisten a un tribunal por videoconferencia, frecuentemente sin la presencia o apoyo de un abogado.

Según reportó el Washington Post, la administración ha puesto en marcha “una política fronteriza experimental y legalmente tenue conocida como los Protocolos de Protección Migratoria”, con alrededor de 155 millones de dólares que el presidente logró desviar de programas de defensa nacional.

“Al llevar a los migrantes directamente desde los cruces fronterizos oficiales hacia el complejo judicial adyacente, las autoridades estadounidenses pueden cumplir con la obligación de dar a los solicitantes de asilo acceso al sistema judicial de los Estados Unidos sin darles acceso físico al país”, explica el medio.

Esta estrategia forma parte de la campaña de la Administración “Permanecer en México” puesta en marcha a finales del 2018 y donde los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron al acuerdo de que los inmigrantes permanecerían en el otro lado de la frontera mientras esperaban su turno en corte.

El resultado fueron más de 40.000 inmigrantes hacinados en campamentos improvisados en ciudades fronterizas como Matamoros y Nuevo Laredo, la gran mayoría provenientes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que les hace muy difícil calificar para asilo en Estados Unidos, después de que el gobierno de Trump impusiera el protocolo del tercer país seguro.

Recapitulando: los inmigrantes no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si han pisado otro país antes de llegar a México en la ruta hacia la frontera; una vez otorgada la cita en corte para exponer su caso de solicitud de asilo, deben permanecer en México mientras el día llega, y aún así no tienen la garantía de obtener la protección subsidiaria de Estados Unidos.

Como si no fuera suficiente, los inmigrantes son trasladados por una de las zonas más peligrosas de la frontera, con cuatro horas de antelación, hacia una tienda de campaña donde un juez ubicado a kilómetros de distancia les interpela a través de una pantalla.

Al estar en territorio del Departamento de Seguridad Nacional, ni periodistas ni abogados pueden presenciar las audiencias.

“Según los reglamentos, se supone que estos tribunales están abiertos al público”, dijo Charanya Krishnaswami, abogada de Amnistía Internacional, a CBS News. “Y si no lo están, todo tipo de cosas pueden suceder en secreto”.

La abogada aseguró que las nuevas instalaciones son la manera del gobierno de “emitir deportaciones lo más rápido posible”.

“Tener observadores públicos y asesoría legal retrasaría el proceso porque hay serios problemas de procedimiento en la forma en la que funciona este programa”, agregó.

Desde que la primera Caravana de Migrantes llegara a la frontera con Estados Unidos – una tradición mantenida desde hace algunos años tan sólo para llamar la atención sobre la situación en los países del Triángulo Norte – el presidente Trump encontró en la frontera la cortina de humo necesaria para mantener a raya el alcance de las decenas de escándalos que minan su gobierno.

Mientras tanto, las incongruentes medidas de su Administración han creado una crisis que no tiene nada que ver con los inmigrantes y todo que ver con radicales políticas anti-inmigrantes.