El gobierno de Donald Trump ha rediseñado el concepto de “puerta giratoria” en cuanto a migración.

Después de meses batallando por expulsar inmigrantes del territorio e impedir la entrada de quienes huyen de la violencia en Centroamérica, el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado un comunicado asegurando que “los inmigrantes que intentan burlarse” del sistema migratorio “ya no podrán desaparecer en Estados Unidos” y “faltar a las citas judiciales”.

De esta manera, el gobierno Mexicano deberá albergar a centenas de miles de inmigrantes que han llegado a la frontera con Estados Unidos en búsqueda de asilo y recibir de vuelta a los pocos que han logrado pasar las puertas y obtener una cita judicial.

Si bien el gobierno estadounidense, en la voz de la Secretaria de Seguridad Nacional Kristjen Nielsen, ha asegurado que se trata de un acuerdo “bilateral” entre ambos países, el vocero del Ministro de Exteriores mexicano, Roberto Velasquez, aseguró que “la movida no representa un acuerdo entre los dos países, sino más bien ‘una movida unilateral de Estados Unidos a la que tuvimos que responder”, según reportó el New York Times.

“La decisión de aceptar a los solicitantes de asilo probablemente se verá como una capitulación por parte del gobierno mexicano ante el presidente Trump”, explica el medio, haciendo referencia a la crisis migratoria que deberá enfrentar el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la presidencia gracias a una campaña a favor de los pobres en su país.

Tras el fallecimiento de una menor de edad en manos de la Patrulla Fronteriza, la nueva medida del gobierno estadounidense se percibe como una estrategia más para lavarse las manos del asunto, al mejor estilo de Poncio Pilato.

Actualmente, la nueva mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación para determinar si la muerte de la inmigrante guatemalteca de siete años – presuntamente causada por la deshidratación y  la falta de atención por parte de los agentes de inmigración – representa o no una negligencia amparada en el prejuicio anti-inmigrante de la Administración.