Si ha estado siguiendo de cerca el procedimiento de juicio político contra el presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes y se siente confundido, no se preocupe, no es el único.

Seguirle la pista a este enrevesado capítulo de la política estadounidense no es asunto sencillo.

Desde que la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi anunciara el inicio de investigaciones sobre el presunto abuso de poder por parte de Trump, el Capitolio se ha vuelto un campo de batalla entre Demócratas y la Casa Blanca.

La llamada telefónica entre el presidente estadounidense y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky puso sobre la mesa la estrategia de la Administración Trump de retener fondos militares otorgados por el Congreso a cambio de información que favoreciera la campaña de reelección de Trump en el 2020.

Esto fue denunciado por un informante dentro de la Casa Blanca y confirmado por la transcripción publicada por el gobierno.

Sin embargo, el máximo organismo judicial del gobierno, el Departamento de Justicia, se negó a hacer una investigación al respecto, lo que obligó a los comités de la Cámara de Representantes a llevar a cabo su propia pesquisa.

Aunado a ello, una investigación independiente llevada a cabo por la oficina del fiscal estadounidense de Manhattan encontró presuntos nexos entre el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, y facciones ucranianas a favor de Moscú en una estratagema pro-Republicana dentro del país.

Por su parte, la Administración Trump emitió un comunicado en el que explicitaba su determinación por prohibir a cualquier funcionario del gobierno testificar ante los comités de la Cámara, argumentando una “cacería de brujas” y una “investigación ilegal”.

El obstruccionismo llegó a las filas políticas cuando un puñado de representantes republicanos ingresó sin autorización la semana pasada a las salas donde los Comités de la Cámara llevaban a cabo audiencias de testigos en la investigación.

En respuesta al fuerte criticismo republicano y del gobierno, los demócratas han anunciado un voto público que formalice el procedimiento y de paso a la siguiente etapa del impeachment, según reportó el Washington Post.

Asegurando que la medida “garantizaría la transparencia y proporcionaría un camino claro hacia delante”, los demócratas esperan poner sobre el tapete la opinión de los miembros del Congreso con respecto al procedimiento.

Según explicó Politico, la resolución que será introducida este martes “otorgará a los investigadores la autoridad para eludir los límites de tiempo tradicionales para interrogar a testigos en audiencias públicas y detallar los derechos del debido proceso que los demócratas pretenden proporcionar a Trump y a su equipo legal una vez que la investigación se mueva al dominio público”.

Aún cuando esta resolución pueda poner un alto a las especulaciones de republicanos de alto rango en el Congreso, la maquinaria de propaganda del gobierno no ha tardado en voltear la tortilla contra los demócratas.

“La presidenta Pelosi finalmente está admitiendo lo que el resto de Estados Unidos ya sabía: que los demócratas estaban llevando a cabo un proceso de juicio político no autorizado”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie GRisham, en un comunicado.

Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, escribió en Twitter que “el retroceso de hoy es una admisión de que este proceso ha sido fallido desde el principio”.

Sin embargo, este ha sido el único bastión de defensa para los Republicanos frente a la grave situación que enfrenta el presidente Trump. Hasta el momento, cualquier criticismo se ha quedado corto ante el peso de la evidencia que ha salido a la luz en la investigación.