El pasado mes de septiembre y a propuesta del grupo Menstruación Digna, la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle consiguió lo que parecía difícil en un país donde la perspectiva de género brilla por su ausencia: elevar a la Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el 16% de IVA de compresas, tampones, copas menstruales y toallitas íntimas. 

Tagle denunciaba que las mujeres no podían seguir pagando un impuesto relacionado con un proceso biológico que aumenta la desigualdad, sobre todo para quienes tienen menos ingresos, y que estos productos debían ser considerados de primera necesidad y repartidos como los alimentos o los medicamentos en escuelas y barrios de manera gratuita. 

“No se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual”, dijo la diputada de Morena, Wendy Briceño. 

“Eliminar este impuesto, que solamente pagan las mujeres por un proceso fisiológico por el que pasamos de manera natural, es un asunto de justicia tributaria, con el cual tenemos que empezar a ver el tema de los impuestos”, añadió la diputada Tagle.

El asunto no es menor. Incluye a más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes mexicanas que menstrúan actualmente, según datos del INEGI. De ellas, y de acuerdo al centro de investigación Fundar, 4 de cada 10 vive en situación de pobreza. 

De hecho, si una mujer menstrúa una media de 2.535 días de su vida -unos 7 años- “necesitamos 360 toallas o tampones al año, es decir 720 pesos anuales que equivalen al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre en el país, lo que es muchísimo”, sostuvo Fundar. 

Sin embargo, en México la menstruación sigue siendo un tabú y la propuesta que se elevó al Congreso de reformar el artículo 2 de la ley de IVA para incluir estos productos dentro de los de “tasa cero” no prosperó en la Cámara de Diputados.

Con 218 votos en desacuerdo, 185 a favor y 11 abstenciones, los diputados tumbaron la medida escudándose en que no era posible en plena crisis sanitaria y que perjudicaría a las empresas del sector. 

Mientras que en otros países, como Colombia, el impuesto a la menstruación ya no existe y a que hay iniciativas similares en regiones como Argentina.

No todo ha sido en vano, no obstante. La proposición ha servido para impulsar el debate sobre una necesaria política fiscal con perspectiva de género en México, además de poner sobre la mesa una vez más el desigual acceso de las mujeres a la salud y la economía. 

Según un estudio reciente por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en México existe una brecha salarial del 16% entre hombres y mujeres en los trabajos pagados. A eso hay que sumarle la desigualdad de género y las divisiones sexistas del trabajo doméstico y de cuidados, sin remunerar.