Si alguna vez se preguntó si la obsesión de la Administración Trump por detener inmigrantes era sólo un asunto de xenofobia – o “seguridad nacional” – CQ Roll Call puede darle la respuesta.

Tras revisar decenas de documentos de Immigration Centers of America – una de las muchas empresas de detención privada acreditadas por la American Correctional Association (ACA) – el equipo de Roll Call pudo observar “los pactos entre las empresas privadas de detención y los funcionarios del gobierno”.

Según el reporte, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) paga alrededor de 120 dólares por día por cada persona detenida en el centro de ICA, y 28 dólares extra por persona “cuando el número total de detenidos supera los 500”.

Mientras más detenidos consiga proveer el gobierno, más 28 dólares extra tendrán los centros de detención, en especial si se eliminan obstáculos como el Acuerdo Flores del camino.

Se trata de una asociación entre las ramas privadas y públicas del sistema de gobierno que incluyen agencias federales, gobiernos locales y contratistas privados, todos moviéndose al compás de la agenda anti-inmigrante del gobierno.

“Los centros de detención privados albergan alrededor del 73 por ciento de los detenidos de ICE en un día determinado”, explica el reporte. “Las instalaciones públicas, generalmente las cárceles locales, tienen una parte menor de una población en gran parte detenida por razones administrativas, no punitivas”.

Pero esto no es nada reciente.

Según recuenta Emily Kassie en su artículo para The Guardian, “la dependencia de Estados Unidos de la detención de inmigrantes no es un fenómeno nuevo, ni surgió con Donald Trump (aunque su crecimiento bajo su administración es asombroso).”

Kassie hace memoria de las últimas cuatro décadas de historia del país donde “una serie de interrupciones de emergencia y acuerdos bipartidistas han creado una nueva industria multimillonaria basada en el encarcelamiento de inmigrantes”.

Cifras históricas han determinado cómo el número de personas detenidas por las agencias de inmigración – tanto en la época del Servicio de Inmigración y Naturalización como ahora con ICE – “ha aumentado más de veinte veces”.

En especial después de la implementación de la política de tolerancia cero por parte del gobierno de Donald Trump, que trajo como consecuencia la separación de miles de familias, la detención indefinida de menores de edad, y el aumento de denuncias de maltrato en las instalaciones de detención.

La organización de defensa sin fines de lucro, Worth Rises, ha documentado paso a paso la manera en la que esta mega industria ha despegado con la Administración Trump, detallando en especial el sistema de retribución a través del cabildeo político.

Dos de los contratistas más grandes de ICE, por ejemplo, son The GEO Group y CoreCivic, dos compañías con ánimos de lucro cuyos ingresos se deben a contratos federales en más de un 40%.

Según explica Worth Rises, “estas compañías invirtieron fuertemente en los candidatos federales, estatales y locales interesados en avanzar en políticas de inmigración severas como la ‘tolerancia cero’ durante el ciclo electoral del 2016”.

En el peor de los casos, y si a los políticos no les va bien dentro del Capitolio, siempre pueden retirarse como el ex jefe de personal del presidente, John Kelly, y sumarse a las juntas directivas de centros de detenciones.