Se calcula que en Estados Unidos viven 11 millones de personas indocumentadas, de las cuales aproximadamente 2,1 millones tienen 24 años o menos, lo que significa que son candidatos a la universidad. 

Protegidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos desde 1982, los niños indocumentados tienen derecho a asistir al sistema de educación pública K-12, pero la decisión no ofrece la misma protección a la educación superior. Cada estado puede determinar si los estudiantes indocumentados pueden o no asistir a la universidad. 

The Chronicle of Higher Education compartió esta semana un artículo en el que se recogen los retos a los que se han enfrentado los estudiantes desde que se prohibió la entrada de indocumentados en las universidades públicas de ciertos estados, hace más de una década. Tres estados han promulgado la prohibición de matricularse: Carolina del Sur, en 2008; Georgia, en 2010; y Alabama, en 2011. Según The Chronicle, el objetivo era impedir que los inmigrantes indocumentados obtuvieran cualquier tipo de beneficio público, lo que incluía el acceso a instituciones financiadas por el Estado.

En 2012, el presidente Barack Obama anunció el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permitía a los estudiantes indocumentados llegados a Estados Unidos antes de los 16 años obtener números de la Seguridad Social, autorización de trabajo y permisos de conducir. Todas estas ventajas aliviaron las barreras que impedían el acceso a la universidad a estos estudiantes. 

Sin embargo, en 2017, el presidente Donald J. Trump intentó acabar con DACA -lo que hizo que el Gobierno dejara de procesar nuevas solicitudes-, pero el alto tribunal lo bloqueó. 

Debido al aumento de la población indocumentada en el país, que casi se cuadruplicó de 1990 a 2007 -llegando a un máximo de 12,2 millones, según el Pew Research Center- cada estado se vio motivado por su tradición política a tomar medidas. Mientras que los estados liderados por los demócratas facilitaron el proceso para que los estudiantes indocumentados asistieran a la educación superior pública, los liderados por los republicanos aumentaron los desafíos.  

Desde entonces, los estudiantes que viven en Carolina del Sur, Georgia y Alabama han optado por ir a otros estados para cursar estudios universitarios o asistir a instituciones privadas del estado. Algunos de ellos también renuncian a su sueño de cursar estudios superiores. 

Según una estimación de The Chronicle, al menos 500.000 indocumentados han vivido en los tres estados desde las prohibiciones. 

Por un lado, 23 estados y el Distrito de Columbia han considerado que los estudiantes indocumentados pueden optar a la matrícula estatal. Por otro, siguiendo los pasos de Carolina del Sur, Georgia y Alabama; el gobernador de Florida y los legisladores de Texas han señalado su deseo de derogar las leyes estatales vigentes que han permitido a los estudiantes indocumentados, respectivamente, pagar la matrícula estatal o simplemente asistir a las instituciones públicas del estado.

Para leer más sobre la situación de cada estado y acceder al artículo completo de The Chronicle, pulse aquí.