Acción. Reacción. Pocas horas después de que el Parlamento catalán aprobase la declaración de independencia de España y la creación de la república catalana, el primer ministro español Mariano Rajoy anunció este viernes la suspensión del gobierno y el parlamento catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre. 

La dura decisión del gabinete de Rajoy fue aprobada con anterioridad en el Senado,  en Madrid, que dio el visto bueno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que permite la suspensión de los poderes de una comunidad autónoma para restablecer la legalidad.

El gobierno español llevaba estudiando aplicar esta dura medida contra el gobierno catalán desde el pasado 1 de octubre, cuando se llevó a cabo el polémico referendum de independencia declarado inconstitucional por la Corte Suprema. 

Desde entonces, la escalada de tensión entre Madrid y Catalunya se fue disparando. En lugar de sentarse a dialogar, los dos gobiernos se han limitado a ir aumentando las diferencias entre ambos. 

El detonante de esta escalada de tensión fueron las cargas policiales contra los votantes el día del referendum. La policía nacional, siguiendo instrucciones del gobierno central, recurrió a las porras y a la violencia física para desalojar a la gente encerrada en los colegios electorales. Aunque la violencia se produjo solo en una decena de colegios, las imágenes de la policía aporrando a mujeres mayores armadas con papeletas dieron la vuelta al mundo. 

El referéndum se llevó a cabo con muchas irregularidades - incluyendo cargas policiales, confiscaciones de urnas y ataques cibernéticos al sistema por parte de la policía española - pero aun y así el gobierno catalán, liderado por una coalición separatista, dio los resultados por legítimios y válidos. En el plebiscito participó el 42% de la población catalana y el "sí" ganó en el 90%. 

Tanto el referéndum, como la ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán a principios de setiembre son considerados ilegales por el gobierno central. La Ley de Transitoriedad implicaba la declaración de independencia 48 horas después de anunciarse oficialmente los resultados del referéndum. 

El pasado 10 de octubre, el presidente catalán Carles Puigdemont compareció en el Parlamento de Catalunya para declarar la independencia, pero la dejó en "suspensión" para buscar el diálogo con Madrid. 

No obstante, el gobierno de Mariano Rajoy se ha negado en todo momento a sentarse con un gobierno "chantajista" y ha preferido amenazar con la aplicación del artículo 155 - la suspensión de los poderes autonómicos - para que Catalunya vuelva a la legalidad. 

Todo apuntaba la semana pasada que el presidente Puigdemont convocaría él mismo elecciones para evitar a Catalunya el deshonor del 155, que implica la pérdida de poderes autonómicos que costaron mucho de recuperar (estuvieron suspendidos durante la dictadura del general Franco). 

Sin embargo, Puigdemont decidió a última hora llegar hasta el final de la hoja de ruta marcada por su gobierno y seguir al pie de la letra la ley de transitoriedad. Así que el viernes planteó al Parlamento la decisión de buscar una respuesta a la amenaza del 155.  La respuesta de su coalición separatista, Junts pel sí, era declarar la independencia. 

"El estado de derecho restaurará la legalidad en Catalunya", declaró Rajoy. "Les digo a los españoles que se queden tranquilos, que vamos a encontrar una solución a este conflicto con mesura", añadió. 

Tras la declaración de independencia, numerosos representantes de estados europeos comunicaron mensajes de apoyo a Rajoy, a la Constitución y a la unidad de España. 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que nada cambiaría para la Unión Europea, que seguiría teniendo a una España unida como su único interlocutor.

"Espero que el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, y no el argumento de la fuerza", dijo Tusk en un tweet. 

 El Departamento de Estado de los EEUU también comunicó su respaldo a España, insistiendo en que los dos países son "aliados cercanos con una gran amistad", según reportó la agencia EFE. 

"Catalunya es parte integral de España,  y los Estados Unidos apoya las medidas constitucionales tomadas por el gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo en un comunicado la portavoz Heather Nauert. 

La aplicación del artículo 155 implica la suspensión del gobierno y el parlamento catalán, la intervención de los Mossos (la policía regional catalana) y el cierre de embajadas catalanas por el mundo. 

Mientras Madrid anunciaba las medidas del 155, las calles de Barcelona se llenaron de miles de personas para celebrar la llegada de la nueva república catalana. Una entlequia que la comunidad internacional no reconoce.