El Departamento de Seguridad de Estado anunció que planea comenzar a realizar pruebas de ADN a inmigrantes para ingresar su información genética en una base de datos de criminales del FBI. La regulación propuesta podría afectar a cientos de miles de personas que se encuentran en centros de detención en todo el país, según informó The New York Times.   

La Administración pretende con esta maniobra aumentar el uso de la tecnología para hacer cumplir las leyes de inmigración, que ya empezó a practicarse en un programa piloto ejecutado el verano pasado en la frontera entre México y los Estados Unidos. En ese primer intento de control se utilizó la tecnología Rapid DNA para procesar muestras en menos de 90 minutos.

La medida derivaría los nuevos registros hacia el FBI, cuya extensa base de datos de ADN se ha limitado a la recopilación de información genética de personas que han sido arrestadas, acusadas o condenadas por delitos graves.

Durante varios años se ha solicitado que se recopilen los registros de ADN de la población migrante para ayudar a identificar delincuentes que hayan estado anteriormente bajo custodia en inmigración. En 2005, el Congreso aprobó la Ley de Huellas Digitales que autorizaba una amplia colección de datos de ADN;  sin embargo, se concedió una exención que protegía a los inmigrantes como población vulnerable.

Este nuevo proceso de recopilación de ADN es otro paso más de la Administración Trump para acabar con la inmigración, criminalizando a los que ingresan ilegalmente en territorio norteamericano, incluso si han solicitado asilo. La nueva medida también podría afectar a ciudadanos estadounidenses que se vean obligados a tomar las pruebas de ADN, según informó The Verge.

El ADN es información genética que puede determinar la probabilidad de que una persona contraiga ciertas enfermedades o detectar parentescos. Esta información es valiosa en muchos casos; por ejemplo, para las compañías de seguros que necesitan calcular el costo de la atención médica. Pero también se puede usar para discriminar a los ciudadanos que solicitan empleos, hipotecas o préstamos que, por problemas de salud, pueden convertirse en un riesgo alto para un banco o una aseguradora.

Al proporcionar al FBI y otras fuerzas del orden público el ADN, las autoridades estarían entrando en un debate ético sobre el uso de información genética en investigaciones penales. Si bien dicho muestreo ha sido crucial para asegurar miles de enjuiciamientos en las últimas décadas, también ha generado controversia debido a la posibilidad de malversación en la política de datos.