Una campaña de ocho años para liberar a las mujeres migrantes detenidas en el Centro Residencial del Condado de Berks llegó a su fin el martes 11 de enero, cuando activistas de los derechos de los inmigrantes anunciaron que todas las detenidas que quedaban habían sido puestas en libertad. 

Cuando una coalición de grupos de defensa de la inmigración se concentró en diciembre ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con sede en Filadelfia para impedir la liberación de las presas migrantes, había seis mujeres encarceladas. 

Un comunicado de prensa de Shut Down Berks -la coalición al frente de la batalla para presionar al Centro de Detención de Berks- no especificaba la forma en que las mujeres obtuvieron las condiciones de liberación, pero informes anteriores muestran que otros grupos legales vecinos habían estado trabajando activamente para conseguir casos de asilo. 

"Durante años, he luchado para poner fin al encarcelamiento de inmigrantes en mi patio trasero, y hoy celebramos la libertad", dijo en un comunicado Flor Gonzáles, miembro líder de Make the Road Pennsylvania y residente de Reading. 

"Esta victoria pertenece a las familias y mujeres inmigrantes detenidas en Berks que compartieron sus historias y exigieron dignidad, y a los organizadores que nunca perdieron la esperanza y nunca dejaron de luchar para que las familias inmigrantes fueran libres y estuvieran juntas. Llevamos esta lucha desde el condado de Berks hasta Harrisburg y hasta la Casa Blanca, y me enorgullece decir que organizarse funciona. Hoy es un buen día".

Numerosos grupos pro-bono legales y de derechos de los inmigrantes habían participado en presionar a Berks para que liberara a los detenidos mucho antes de que anunciara que cerraría sus operaciones a finales de enero de 2023. 

Uno de los abogados asociados a los equipos legales reunidos para argumentar en nombre de las mujeres inmigrantes dijo previamente a AL DÍA que habían "frustrado" el sistema y evitado que Berks estableciera una "fábrica de deportaciones" en el patio trasero del condado. 

Las mujeres retenidas en Berks por el ICE habían documentado las precarias circunstancias en las que habían sido retenidas. 

Recordaban viajes en autobús de varias horas sin pausas para ir al baño y sin comida, mientras que otras recordaban haber sido aisladas por completo del exterior. 

"Esta victoria parece un sueño. Me siento feliz, contento y libre. El cierre del centro de detención de Berks es lo mejor que podía haber pasado", dijo Liliana Pérez, una mujer que estuvo detenida y que ahora es miembro de CASA, una organización nacional de defensa de los derechos de los inmigrantes.

"Pasé más de un mes detenida, y a mi hija enferma nunca la atendieron ni le dieron las medicinas que necesitaba mientras estuve en prisión. Este centro de detención generó mucho sufrimiento, y me alegra ver que por fin se cierra. La misma libertad que yo tengo [ahora] debería darse a otros inmigrantes en Pensilvania y en todo el país"

Otra mujer, Lorena -que estuvo detenida con su hijo de dos años- dijo que su estancia en Berks le había provocado episodios depresivos. 

"Estoy aquí para contar una pequeña parte de mi historia en el centro de Berks. Para mí fue algo muy traumático pasar tanto tiempo allí, casi dos años", dijo. 

"Salí con mucha depresión, [y] hasta el día de hoy, estoy en terapia. Sólo doy gracias a Dios de que este lugar [vaya] a cerrar por fin. No conocen el trauma de estar encerrada".

De cara al futuro

En un principio, los inmigrantes de Berks iban a ser trasladados a otros centros del estado.

Moshannon, que firmó un contrato con GEO Group, una empresa penitenciaria con ánimo de lucro, abrirá las puertas de un centro de detención de migrantes situado en una zona rural de Pensilvania. 

Pero las negociaciones se enfrentan a una creciente presión a medida que los funcionarios del condado expresan su oposición al contrato, según un comunicado de prensa enviado en diciembre, en el que se subrayaban las prácticas documentadas en otras instalaciones gestionadas por GEO Group. 

"El ICE no exige responsabilidades a los centros de detención privados contratados por no cumplir las normas de garantía de calidad y, cuando lo hace, suele conceder exenciones que eximen a los centros de tener que cumplirlas", escribió el 11 de enero la congresista Mary Gay Scanlon (PA-05), a la que se unió el congresista Dwight Evans (PA-03) en una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. 

La carta no mencionaba otros centros de detención de inmigrantes diseminados por la Commonwealth, incluidos los de los condados de Clinton y Pike. 

En cuanto a lo que queda para Berks, Shut Down Berks dijo que estarían trabajando con funcionarios del condado para convertir las instalaciones en un centro de salud y recursos humanos y de servicios.