El martes, 20 de diciembre, la representante de EE.UU. Mary Gay Scanlon, envió una carta mordaz al jefe del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas solicitando detener la expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Moshannon Valley Correctional Facility. 

La oficina del comisario del condado de Centre trabajó en la sombra con el ICE y la empresa privada de prisiones GEO Group durante el último año para convertir Moshannan en un centro de detención de inmigrantes, a punto de convertirse en el mayor del noreste. 

No fue hasta que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda contra el condado cuando la oficina del comisario abrió las negociaciones al público. 

Si el proyecto se lleva a término, los inmigrantes actualmente retenidos en otros centros recientemente clausurados, como el centro residencial del condado de Berks, pronto serían trasladados a otro centro correccional para inmigrantes reconvertido, a pesar de la persistente petición de cerrar los centros de detención del ICE en toda la región.

En el último año, la ACLU ha detallado cientos de casos de prácticas perturbadoras y abusivas en centros de detención con ánimo de lucro.

Sin embargo, a pesar de las protestas de la opinión pública y de la orden ejecutiva de 2021 de la administración para poner fin al asunto de las detenciones públicas y privadas, el ICE sigue dependiendo de los centros de detención subvencionados por el gobierno federal.

En su carta, Scanlon denunció específicamente "el conocido programa de trabajo voluntario de 1 dólar al día del Grupo GEO, que un tribunal federal ha declarado que ha violado al menos las leyes de salario mínimo de un estado y que está siendo impugnado en otros estados". Además, los centros privados de detención de inmigrantes gestionados por GEO Group maltratan regularmente a las personas bajo su custodia, sometiéndolas a abusos racistas físicos y verbales."

"El ICE no exige responsabilidades a los centros de detención privados contratados por no cumplir las normas de garantía de calidad, y cuando lo hace, a menudo concede exenciones que eximen a los centros de tener que cumplirlas", continúa la carta.

Las medidas de la congresista Scanlon siguen a un esfuerzo de varios años para cerrar todos los centros de detención de Pensilvania con el propósito expreso de detener a inmigrantes solicitantes de asilo, incluidos grupos de defensa de la comunidad como Shut Down Berks, ALDEA, un fondo de servicios legales de inmigración, la Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition y la Pennsylvania Chapter of ACLU. 

Después de que Berks anunciara inesperadamente que cerraría sus puertas a principios de 2023, los defensores de la inmigración se reagruparon para prepararse para la reubicación de migrantes, dado que el cierre de Berks no señalaba un patrón a nivel estatal.

"Hablaremos con ICE para que esas personas sean liberadas y no trasladadas a ninguna otra instalación lejos de su comunidad, lejos de sus defensores legales. Eso es completamente innecesario y perjudicial", dijo a AL DIA Adriana Zambrano, abogada de inmigración y coordinadora de programas de ALDEA, en una entrevista anterior, tras el cierre de Berks. 

Zambrano añadió que ALDEA había argumentado con éxito numerosos casos de asilo y ya se había preparado preventivamente para el traslado de Berks, todos ellos de mujeres inmigrantes. 

Pero la ubicación rural de Moshannon haría cada vez más difícil que los migrantes obtuvieran servicios legales, y cuanto más lejos esté el centro de una ubicación urbana, "menos probable es que haya abogados y organizaciones de servicios legales capaces de proporcionar representación pro bono."

"La falta de tales servicios tiene un impacto significativo y negativo en la capacidad de los detenidos para procesar con éxito sus solicitudes de asilo y otras reclamaciones legales", concluye la carta. 

Poco se sabe sobre cómo los grupos de defensa de la inmigración planean abordar el remodelado centro de Moshannon, pero fuentes cuentan a AL DÍA que hay planes para presionar al GEO Group y a Moshannon para impedir los traslados. 

Además de Berks, hay dos centros correccionales del condado en funcionamiento, y Moshannon está en camino de ser el tercero. 

La ACLU, sin embargo, también ha pedido al Presidente que ponga fin a todos los contratos privados con el ICE, pero la administración se ha mantenido al margen de cualquier medida dirigida a los centros de detención de la PA.