El gobierno de Donald Trump finalmente ha decidido cerrar las puertas a quienes huyen de la violencia en el mundo.

Después de imponer un veto migratorio a países musulmanes, separar familias en la frontera y someter a los inmigrantes detenidos a las peores de las circunstancias, la Administración ha impuesto ahora una medida para bloquear el derecho al asilo.

El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que han decidido imponer un nuevo obstáculo para la “elegibilidad” de los solicitantes de asilo en la frontera sur con México.

Quien no haya solicitado protección en el primer país disponible que haya cruzado antes de llegar a Estados Unidos, no será considerado como beneficiario del derecho internacional en los puestos de inmigración del país.

“Hasta que el Congreso decida actuar, esta regla interina ayudará a reducir un importante factor de ‘tracción’ que impulsa la migración irregular a Estados Unidos y permitirá al DHS y al DOJ procesar de manera más rápida y eficiente los casos que se originan en la frontera sur”, explicó el Secretario Interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.

Esta estrategia afectaría entonces a un gran porcentaje de los inmigrantes concentrados en el otro lado de la frontera y que esperan su turno para solicitar asilo en los puertos de entrada estadounidenses.

Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, todos los inmigrantes que deban atravesar otro país antes de llegar a Estados Unidos están excluidos del derecho a solicitar la protección contemplada por las Naciones Unidas desde hace décadas.

Tan sólo durante el año fiscal 2019, la Patrulla Fronteriza ha detenido a 363.000 miembros de familias inmigrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, comparados con los 3.200 mexicanos, según explicó el New York Times.

Según lo estipulado en la ley internacional, esta medida no puede ser descrita de otra manera que de “ilegal”.

De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la decisión del gobierno estadounidense no sólo pone en peligro a miles de familias inmigrantes, sino que “no está en línea con las obligaciones internacionales”.

En un comunicado publicado después del anuncio del Departamento de Justicia, la Agencia manifestó su preocupación por la decisión unilateral del gobierno y ofreció ejercer como mediador en la diatriba, especialmente a la hora de abordar la situación crítica que viven las comunidades en sus países de origen.

Sin embargo, esta es una movida que se veía venir desde hace tiempo.

Durante el mes de junio del 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions emitió una sentencia que anulaba el precedente judicial que permitía a las mujeres víctimas de violencia doméstica solicitar asilo en Estados Unidos.

Sessions argumentaba en aquél momento que se trataba de “una correcta interpretación de la ley”, tal como hace ahora su sucesor William P. Barr.

A pesar de que organizaciones pro-inmigrantes han anunciado medidas legales inmediatas en las cortes contra la nueva estrategia gubernamental, el destino de miles de personas atrapadas - tanto en el trayecto hacia Estados Unidos como en los centros de detención dentro del territorio – es incierto.