El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado aún más el puño en torno a medidas anti-inmigrantes.

Esta vez, ha sido una sentencia del Fiscal General Jeff Sessions la que ha anulado un precedente judicial del 2016 que permitía a las mujeres víctimas de la violencia doméstica solicitar asilo en Estados Unidos, según informó el Washington Post.

En lo que Sessions ha calificado como una “correcta interpretación de la ley”, su decisión contradice la decisión previa de la Junta de Apelaciones de Inmigración en el Departamento de Justicia en miras de “restaurar los principios sólidos de asilo y los principios de larga data de la ley de inmigración”.

Sin embargo, y a pesar de la creciente paranoia mediática de la administración Trump, las cifras del mismo Departamento de Justicia han demostrado que, desde el 2014, “las personas en búsqueda de asilo por violencia pandillera rara vez han sido exitosos”, explicó el New York Times. “Aquellos a quienes se les autorizó la entrada argumentaron sus casos por múltiples motivos”.

Aún así, esta nueva medida perjudicará a miles de mujeres y niños que huyen de la rampante violencia en Centroamérica para buscar refugio en Estados Unidos, pudiendo causar la muerte de muchas de ellas, como aseguró la directora del programa de derechos inmigrantes y justicia de la Women’s Refugee Commission, Michelle Brané.

Pero Sessions insistió en que “de manera general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo”.

Quizás entonces los miles de inmigrantes sometidos al cruel maltrato en los Centros de Detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas estadounidense deberían ser candidatos para el asilo pues, como, explicó la congresista demócrata Pramila Jayapal tras su visita al centro penitenciario de SeaTac, las condiciones son “crueles, inhumanas y desgarradoras”.

De los 206 inmigrantes en el centro dirigido por el Buró Federal de Prisiones que visitó la congresista, “la mayoría eran mujeres en búsqueda de asilo”, explicó Splinter News. “Después de hablar con 174 de las mujeres, (Jayapal) se dio cuenta que más de un tercio de ellas eran madres”, todas ellas separadas de sus hijos después de haber sido detenidas.

Asimismo, las condiciones “inhumanas” del complejo – bajas temperaturas y encierros – podrían calificar como “maltrato en manos de actores gubernamentales”, para utilizar las palabras del Fiscal General, y como una abierta violación a los derechos humanos desde el más puro sentido común.