La histórica Universidad de Harvard se ha convertido en el epicentro de una batalla sin precedentes entre el gobierno del presidente Donald Trump y el sistema universitario estadounidense. El lunes, la administración federal anunció el congelamiento de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a la institución, luego de que esta rechazara una lista de exigencias que incluía reformas en sus prácticas de admisión, contratación, gobernanza y vida estudiantil.

El detonante de la confrontación fue una carta enviada por funcionarios de alto nivel del gobierno, en la que se le ordenaba a Harvard cerrar sus oficinas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), entregar datos sobre sus procesos de contratación y admisión, auditar ideológicamente a sus facultades y departamentos, y colaborar con autoridades migratorias para evaluar la “afinidad con los valores estadounidenses” de sus estudiantes internacionales.

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, el presidente interino de Harvard, Alan Garber, expresó que la institución no cedería ante lo que considera una extralimitación del poder federal: “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitir ser tomada por el gobierno federal”, escribió Garber, según informó The New York Times.

El gobierno respondió congelando no solo los 2.200 millones en subvenciones a largo plazo, sino también un contrato federal por 60 millones de dólares. Aunque esta cifra representa apenas una fracción de los cerca de 9.000 millones de dólares que Harvard recibe en financiamiento federal —la mayoría de ellos canalizados hacia sus once hospitales afiliados, incluyendo el Massachusetts General y el Dana-Farber Cancer Institute—, la medida marca un momento crítico en la relación entre el Ejecutivo y la academia.

The New York Times describió el enfrentamiento como “una batalla que el presidente Trump y su poderoso asesor, Stephen Miller, quieren tener”. En su cobertura, el diario señaló que la administración ve a Harvard como “una gran presa” en su esfuerzo por desmantelar lo que considera la hegemonía liberal en la educación superior.

Michael S. Roth, presidente de la Universidad de Wesleyan, celebró la posición de Harvard. “Lo que ocurre cuando las instituciones se exceden es que cambian de rumbo cuando encuentran resistencia”, dijo. “Es como cuando a un matón lo detienen en seco”, añadió, según el Times.

El juez federal retirado J. Michael Luttig, de tendencia conservadora, también destacó la trascendencia de la decisión de la universidad: “Esto es de trascendencia monumental”, afirmó. “Este debería ser el punto de inflexión en la embestida del presidente contra las instituciones estadounidenses”.

Las exigencias de la Casa Blanca no se limitaron a Harvard. Columbia University, que también fue objeto de críticas por su manejo de las protestas propalestinas tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, aceptó una serie de condiciones impuestas por el gobierno federal. Según el Times, la institución neoyorquina accedió a instalar nuevas medidas de supervisión en su Departamento de Estudios del Medio Oriente, Asia del Sur y África.

En el caso de Harvard, las demandas incluyeron la obligación de auditar cada departamento para garantizar “diversidad de pensamiento” y contratar una “masa crítica” de profesores con puntos de vista opuestos si se detecta sesgo ideológico. Para el reconocido psicólogo de Harvard, Steven Pinker, la propuesta del gobierno es absurda y contradictoria: “¿Forzará este gobierno al departamento de economía a contratar marxistas, o al departamento de psicología a contratar jungianos, o, ya que estamos, a la escuela de medicina a contratar homeópatas o curanderos nativos americanos?”, se preguntó, en declaraciones recogidas por The New York Times.

A pesar de la presión gubernamental, Harvard ha declarado que continuará tomando medidas para proteger la libertad de expresión, combatir el antisemitismo y fomentar un clima de pluralismo. “Harvard sigue abierta al diálogo sobre lo que la universidad ha hecho y planea hacer para mejorar la experiencia de todos los miembros de su comunidad”, escribieron los abogados William A. Burck y Robert K. Hur en una carta al gobierno. “Pero Harvard no está dispuesta a aceptar demandas que exceden la autoridad legal de esta o cualquier otra administración”, agregaron, según el Times.

En el ámbito político, la decisión de Harvard provocó reacciones intensas. La congresista republicana Elise Stefanik, una de las voces más duras contra las universidades en las audiencias sobre antisemitismo en campus, publicó en redes sociales: “Harvard University se ha ganado con creces su lugar como el epítome de la podredumbre moral y académica en la educación superior”. Luego agregó: “Es hora de cortar totalmente los fondos del contribuyente estadounidense a esta institución que no ha estado a la altura de su lema fundacional Veritas. Hay que desfinanciar Harvard”.

El presidente del Consejo Americano de Educación, Ted Mitchell, subrayó que el valor simbólico del gesto de Harvard va más allá de lo institucional: “Si Harvard no hubiera asumido esta posición, habría sido casi imposible que otras instituciones lo hicieran”, afirmó.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y Harvard es visto por muchos como un momento clave para el futuro de la autonomía universitaria en Estados Unidos. En palabras del New York Times, es una pelea que podría marcar el rumbo de los debates sobre la libertad académica, la diversidad y la influencia del gobierno en la vida intelectual del país.

Con información de AFP.