Esta semana, la Oficina de Washington para América Latina publicó un extenso informe con casos documentados de agentes de la Patrulla Fronteriza que confiscan las posesiones de los migrantes en la frontera sin devolverlas. Muchos de los artículos confiscados son necesarios en los procedimientos legales para entrar con éxito en Estados Unidos a través de los tribunales, según el informe. 

Según las propias directrices de la Patrulla Fronteriza, las posesiones personales obtenidas de los migrantes son retenidas por la oficina de la patrulla para su inspección y, a menos que se consideren de contrabando, los artículos se devuelven a su propietario original.

Las directrices, sin embargo, no detallan la logística del proceso de devolución, aunque sí detallan la inspección rutinaria por parte del oficial supervisor, así como la responsabilidad de reportar la propiedad perdida o dañada. Las normas de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. no incluyen procedimientos operativos ni plazos. 

La falta de orientación logística da lugar a la frecuente incautación y pérdida de bienes que, según los informes, son esenciales para un refugiado en el momento de su tramitación en los Estados Unidos. 

Chelsea Sachau, una abogada de Arizona que trabaja con el Proyecto Florence para Inmigrantes y Refugiados, contó a The Arizona Republic un caso en el que un refugiado recogió documentos legales para presentarlos en su caso de asilo. 

"Uno de mis primeros clientes con los que me reuní llevaba 500 páginas de documentos legales de su caso en su país de origen. Los envolvió en plástico y dejó otras cosas en casa porque sabía lo importantes que serían esos documentos para demostrar por qué los sistemas legales de su país habían fallado. Y ganó su caso", dijo. "Pero si hubiera pasado por Yuma hoy y le hubieran confiscado los documentos, quizá nunca hubiera ganado".

Otros casos incluyen bienes personales de gran importancia religiosa para su titular. La ACLU envió una carta en la que se detallan los intercambios entre los agentes fronterizos y los sijs, que acabaron con la retirada de la prenda de cabeza del refugiado. 

"El método para forzar las conversiones consistía en quitar el turbante a los sijs y cortarles el pelo. Desde entonces, quitar o apuntar el turbante o el vello facial de un sij simboliza negar a esa persona el derecho a pertenecer a la fe sij y es percibido por muchos como el daño físico y espiritual más humillante e hiriente que se puede infligir a un sij", decía la carta.

Además, la carta sostiene que las prácticas de la patrulla fronteriza violan la libertad religiosa según la ley federal. La ACLU afirma que entre enero y julio se produjeron 65 intercambios en los que los agentes retiraron indebidamente las prendas de la cabeza, y que 47 de esos casos se produjeron entre junio y julio. 

Otras formas de confiscación incluyen moneda mexicana, recuerdos, pasaportes, equipaje y medicamentos, entre muchos otros artículos denunciados.

Cuando los representantes demócratas se enteraron de los sucesos, enviaron una carta al Congreso citando "graves preocupaciones" por las "atroces violaciones" en la frontera. Los Reps. Ral Grijalva, Joaquín Castro y Judy Chu, todos ellos demócratas, fueron los autores de la carta. 

En medio de la creciente reacción, la CBP emitió nuevas directrices para abordar la confiscación de prendas religiosas.

"Las directivas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) que requieren la firma del Comisionado y los Memorandos de Política de la CBP emitidos por la Oficina del Comisionado, Dirección de Política (Memos de la PD), se divulgan públicamente a menos que contengan información que no deba y/o no pueda ser divulgada por razones de seguridad del personal, privacidad o legales", dicen las directrices.

Además, el CBP emitió una respuesta a la carta de la ACLU y dijo que se iniciaría una investigación interna, aunque no se ofrecieron detalles. 

"Nuestra expectativa es que los empleados de la CBP traten con respeto a todos los inmigrantes con los que nos encontramos", decía parte de la respuesta.

La WOLA también puso en marcha una base de datos de Supervisión Fronteriza, que se actualiza periódicamente para hacer un seguimiento de los encuentros indebidos o abusivos en la frontera.