Frente a la crítica situación que vive Venezuela – debida en parte al calamitoso colapso de su economía y a la represión política contra las manifestaciones públicas de descontento – el hecho de que un banco de inversión del calibre de Goldman Sachs haya lanzado un salvavidas económico al gobierno de Nicolás Maduro podría ser visto como un acto de absoluta ignorancia o de total hipocresía, citando las palabras del profesor de la Universidad George Washington Roberto Izurieta.

En un comunicado emitido el pasado día martes, Goldman Sachs confirmó la compra de bonos venezolanos de PDVSA (la estatal petrolera venezolana) emitidos en el 2014, y que vencerían en el 2022, por un monto de 2.800 millones de dólares, de los cuales tan sólo pagó 865 millones, el equivalente a 31 céntimos de dólar por cada bono, tras un descuento de tipo “default” que hiciera el gobierno venezolano.

“Hemos comprado estos bonos, emitidos en el 2014, en el mercado secundario a través de un bróker y no interactuamos con el gobierno venezolano”, aseguró Goldman Sachs en su comunicado. “Estamos al tanto de que la situación es compleja y en constante evolución y que Venezuela está en crisis. Estamos de acuerdo con que la vida allí debe mejorar, y hemos hecho esta inversión en parte porque estamos convencidos de que así será”.

Según el análisis de El Diario, esta circunstancia no es particular, pues es sabido que la estrategia de inversión en países empobrecidos y en crisis ha sido “un gran negocio para la banca de inversión”, pues la deuda de un país como Venezuela “es extremadamente arriesgada y por ello, extremadamente rentable”.

Para el empresario venezolano Jorge Botti, esto es “un bono del hambre”, denunciando ante la opinión pública que el Gobierno de Nicolás Maduro “antepone pagar a inversores internacionales a inyectar dinero en una economía que tiene problemas de abastecimiento”.

La deuda, que vence en el 2022, podría generar una rentabilidad por encima del 40%, en el caso de que Venezuela pudiera pagar.

Por su parte Ricardo Hausmann, antiguo ministro de planificación de Venezuela y profesor de economía en la Universidad de Harvard, aseguró en un artículo para el Project Syndicate que los retornos del Emerging Market Bond Index (EMBI+) de JP Morgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo que gestiona las inversiones privadas) “se encuentran profundamente influenciados por lo que ocurra en Venezuela”, pues el índice del país representa cerca del 20% del rendimiento por la rentabilidad de su deuda.

Por lo tanto, según el análisis de Hausmann, “invertir en el EMBI+ significa que uno se alegra cuando los analistas de Wall Street le informan que el país está haciendo pasar hambre a su población con el fin de evitar la reestructuración de los bonos que uno posee”.

Debido a la caída de las importaciones venezolanas en un 75% entre 2012 y 2016 – y en 20% durante tan sólo el primer trimestre del 2017 – los inversores en el EMBI+ estarían contentos porque “significa que queda más dinero para el pago de intereses y capital de sus bonos”, mientras los venezolanos pasan hambre y comen de la basura.

Por lo tanto, una inversión del calibre de la realizada por Goldman Sachs, estaría apostando por la perpetuación de la crisis económica venezolana y del régimen de Nicolás Maduro, apoyando indirectamente la represión y la violación a los derechos humanos en el país caribeño, donde la inflación supera el 400%, hay un total desabastecimiento de productos de primera necesidad, alimentos y medicamentos, lo que ha aumentado la tasa de muerte infantil, enfermedades como la malaria y una crisis sanitaria generalizada.

Si por el contrario se cortara la financiación internacional de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro se vería “estrangulado” y podría acelerar la transición a un gobierno democrático.

El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente político opositor Julio Borges, envió una comunicación al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein el día lunes, advirtiendo que cualquier compromiso económico adoptado por el gobierno de Nicolás Maduro será invalidado en un “futuro gobierno democrático”.

“Venezuela y su futuro gobierno democrático no olvidará dónde estuvo Goldman Sachs cuando le tocó decidir”, reza la carta de Borges.

Asimismo, y considerando la crisis social actual en Venezuela, Borges aseguró que el salvavidas financiero otorgado por Goldman Sachs a Maduro “servirá para fortalecer la brutal represión que se ha desencadenado contra los cientos de miles de Venezolanos que protestan pacíficamente por un cambio político en el país”.

La naturaleza de esta transacción, según Borges, deja en clara evidencia que “el régimen de Maduro no tiene los mejores intereses de Venezuela en cuenta (…) pues la decisión de llevar a cabo esta transacción se hizo bajo la presión de su desesperado deseo de recuperar recursos necesarios para obtener armas y otros instrumentos de represión para así mantenerse en el poder”.

El día martes, alrededor de 30 manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la oficina de Goldman Sachs en Nueva York para mostrar su descontento por la medida financiera “inhumana” llevada a cabo por la entidad bancaria.

Tras las sanciones impuestas por el gobierno de Los Estados Unidos a los cabecillas del gobierno de Maduro, la solución que plantea Haussman frente a la crisis actual es “exigir que JP Morgan excluya de inmediato a Venezuela de los índices de bonos de mercados emergentes que calcula, liberando así a los administradores de los fondos de la necesidad de comparar sus resultados con los bonos del hambre”.