Nicolás Maduro juró este viernes 10 de enero su tercer mandato presidencial en Venezuela, consolidando su control sobre el país hasta al menos 2031. Esta toma de posesión estuvo marcada por una narrativa que Maduro calificó como una “victoria de la democracia”, aunque su legitimidad ha sido cuestionada a nivel internacional debido a denuncias de fraude electoral y represión.

“Digan lo que quieran, hagan lo que deban, pero esta investidura constitucional no pudo ser detenida”, declaró Maduro durante el acto, en un discurso que intentó minimizar las críticas externas y reforzar su imagen como líder resistente ante los embates internacionales.

El acto de investidura fue respaldado por un reducido grupo de aliados internacionales, entre ellos Rusia, Cuba y China, mientras que el resto de la comunidad global rechazó su legitimidad. Con un gobierno que enfrenta severas sanciones y un repudio casi unánime de los países democráticos, Maduro parece aferrarse al poder mediante el apoyo de las fuerzas armadas y la coacción sobre sus detractores internos. La represión que siguió a las elecciones de julio, donde más de 2.400 personas fueron detenidas y 28 murieron, es solo un ejemplo de las medidas extremas que el régimen ha utilizado para mantenerse en el poder.

Por otro lado, Maduro busca proyectar una imagen populista y cercana al pueblo, utilizando herramientas como el personaje animado “Super-Bigote”, una caricatura que pretende posicionarlo como un héroe que lucha contra el “imperialismo”. Sin embargo, esta estrategia parece estar lejos de resolver las profundas divisiones sociales y el sufrimiento que enfrenta una nación sumida en la pobreza, la hiperinflación y una emigración masiva que ya supera los siete millones de personas.

Rechazo global

La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. Estados Unidos aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y varios de sus altos funcionarios, elevándola a 25 millones de dólares. Además, impuso sanciones a figuras clave del régimen, como el presidente de la petrolera estatal PDVSA y el jefe de la aerolínea Conviasa, acusándolos de facilitar la represión y socavar la democracia. La administración estadounidense también reafirmó su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El Reino Unido también tomó medidas contundentes, sancionando a 15 figuras asociadas con Maduro y calificando de fraudulento el proceso electoral que lo llevó nuevamente al poder. En palabras de David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores británico: “La pretensión de poder de Nicolás Maduro es ilegítima y su régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano”. Europa, en general, ha adoptado una postura similar, instando a una mayor coordinación internacional para presionar al régimen y apoyar un retorno a la democracia.

En América Latina, los vecinos de Venezuela también se han pronunciado. Países como Colombia, Brasil y Chile han condenado las acciones de Maduro, subrayando la necesidad de un cambio político en el país. A pesar de algunas diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región, hay consenso sobre la ilegitimidad del régimen chavista y la urgencia de encontrar una solución a la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela.

Por su parte, la oposición venezolana enfrenta el desafío de articular una estrategia eficaz para contrarrestar el dominio de Maduro. Si bien algunos líderes opositores han logrado captar la atención internacional, las divisiones internas y la falta de una agenda unificada han limitado su capacidad de generar un cambio significativo. Las recientes promesas de elecciones democráticas para 2024, promovidas por el propio Maduro como parte de una negociación, han sido recibidas con escepticismo, ya que el régimen ha incumplido acuerdos similares en el pasado.

¿Hacia dónde va Venezuela?

El panorama para Venezuela es profundamente incierto. Aunque la presión internacional ha logrado mantener al régimen de Maduro en el centro del escrutinio global, sus efectos sobre el terreno han sido limitados. El gobierno ha demostrado ser altamente resistente, apoyado por alianzas estratégicas con potencias como Rusia y China, así como por el control que ejerce sobre las instituciones y las fuerzas armadas. Esta dinámica sugiere que cualquier transición democrática será compleja y prolongada.

La oposición enfrenta una tarea monumental. Deberá superar sus divisiones internas y presentarse como una alternativa viable y confiable tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional. Además, necesitará construir una base de apoyo que incluya no solo a la sociedad civil, sino también a sectores clave como los militares, cuya lealtad ha sido un pilar del poder de Maduro.

Para la comunidad internacional, la clave estará en mantener la presión sobre el régimen mientras se buscan soluciones diplomáticas que permitan una salida pacífica a la crisis. Esto incluirá no solo sanciones económicas y políticas, sino también el apoyo a los refugiados venezolanos y la promoción de iniciativas humanitarias que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano.

Finalmente, el futuro de Venezuela dependerá en gran medida de la capacidad de su pueblo para resistir y demandar un cambio significativo. A pesar de las adversidades, la historia ha demostrado que los regímenes autoritarios no son eternos, y el deseo de libertad y justicia eventualmente prevalece. Sin embargo, el camino hacia ese destino promete ser arduo y lleno de desafíos.

En conclusión, la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato reafirma la consolidación de una dictadura en Venezuela, pero también subraya el creciente aislamiento internacional del régimen. Con una oposición fragmentada y una comunidad global que busca aumentar la presión, el futuro del país sigue siendo incierto. Lo que está claro es que la lucha por la democracia en Venezuela está lejos de haber terminado.

Con información de AFP