La nube de la política de tolerancia cero es mucho más amplia y sigue acechando a la Administración Trump.

De acuerdo a un nuevo reporte del inspector general del Departamento de Salud y Recursos Humanos publicado este jueves, la estrategia de separación de familias comenzó mucho antes del anuncio de la política de tolerancia cero por parte del Departamento de Justicia, y se extendió hasta principios del mes de noviembre.

Aún cuando el gobierno insistió en que no existía tal política y que los procedimientos de detener a menores como si viajaran sin acompañante - aún cuando habían cruzado la frontera de la mano de sus padres - no eran ciertos, el nuevo reporte da la razón a investigaciones previas que denunciaban la estrategia del gobierno puesta en marcha desde el inicio de la Administración.

De igual manera, el reporte determina que, si bien existió algún tipo de procedimientos parecidos durante administraciones previas – que consideraban el mecanismo en caso de que se sospechara que los niños habían sido producto del contrabando – bajo el gobierno de Trump existe “un importante aumento en las separaciones”, según explicó el Washington Post.

“Según los registros disponibles, los niños separados representaron el 0.3 por ciento de todos los menores no acompañados bajo custodia del HHS a fines del 2016, cerca del final de la administración Obama”, explica el medio. “Para agosto de 2017, el porcentaje se había multiplicado por más de diez, hasta el 3.6 por ciento”.

El inspector general agrega en su reporte que el número no es concluyente y que “se desconoce cuántos niños más pudieron haber sido separados”.

Han sido el Departamento de Seguridad Nacional y el de Salud y Servicios Humanos quienes el país ha hecho responsables por la situación de miles de niños separados de sus familias y confinados a centros de detención improvisados, como el mítico centro de Tornillo (Texas) que cerró sus puertas recientemente.

Una orden judicial durante el mes de junio exigió al gobierno reunificar un aproximado de 2.500 familias, lo que la Administración no terminó de cumplir, y para el mes de septiembre, 1.500 niños se encontraban desaparecidos de los registros.

El reporte determina de esta manera el alcance de la negligencia y el caos administrativo gestado por el gobierno a través de una medida considerada inhumana por organizaciones como Amnistía Internacional.