Nadie puede decir que no lo advirtieron: el gobierno de Donald Trump finalmente ha decidido detener a niños y padres inmigrantes de manera indefinida.

Si bien esto puede sonar a disco rayado, la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de romper con el acuerdo Flores es un avance peligroso contra las condiciones de los inmigrantes indocumentados en el país.

En una rueda de prensa, el director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, anunció a los medios que la nueva regla del gobierno “permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener unidas a las familias y mejorar la integridad del sistema de inmigración”, argumentando así que la detención indefinida de unidades familiares estaba dirigida a “garantizar que todos los niños bajo custodia del gobierno de Estados Unidos sean tratados con dignidad”.

La nueva regla del gobierno, que será formalmente emitida el día viernes, anuncia que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el Departamento de Salud y Servicios Humanos se retiran del Acuerdo Flores, una sentencia federal que estipula el tiempo máximo de detención para un niño inmigrante a 20 días, y que está en vigencia desde 1997.

Esta decisión entraría en conflicto judicial con la decisión de la juez de distrito Dolly M. Gee, quien negó a la administración la solicitud de extender las detenciones familiares el año pasado, según recuerda el Washington Post.

El acuerdo Flores establece más que el tiempo de detención para niños inmigrantes indocumentados, delimita los estándares generales a la hora de tratar a niños inmigrantes no acompañados, desde vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene.

Es decir, que esta nueva orden del gobierno permitiría detener a los niños que son procesados como no acompañados durante un tiempo indefinido.

Su batalla de dos años y medio contra el acuerdo Flores está sustentada en la intención del gobierno de detener indefinidamente a cualquier inmigrante indocumentado en el país, en especial a quienes intentan cruzar los puertos de entrada de manera “ilegal” o son detenidos sorteando la frontera.

Asimismo, un funcionario de Seguridad Nacional dijo a CBS News que “la Administración espera eliminar lo que ve como un ‘incentivo’ al detener familias hasta el final de sus procedimientos de inmigración”.

Es nuevamente la implementación del miedo como estrategia coercitiva contra la comunidad inmigrante, en espera de que los centroamericanos decidan no cruzar la frontera.

Mientras tanto, el gobierno sigue sin ofrecer un plan coherente para la detención de cientos de familias por tiempo indefinido.

Tan sólo hace falta ver las consecuencias de la política de tolerancia cero del gobierno – donde miles de niños separados de sus padres fueron sometidos a las peores condiciones de detención – para darse cuenta que los planes migratorios del gobierno siguen siendo amenazas que no toman en cuenta el bienestar de quienes caen bajo la custodia de Estados Unidos.