Al parecer no todos los jueces se quedarán de brazos cruzados ante las medidas anti-inmigratorias del presidente Trump.

Después de que la Corte Suprema haya sentenciado a favor de su veto migratorio, un juez distrital en San Diego ha emitido una orden preliminar el martes en la noche exigiendo que “casi todos los niños menores de 5 años sean regresados a sus padres en un lapso de 14 días y que los niños mayores sean regresados en 30 días”, reportó Politico.

En lo que calificó como “una circunstancia caótica creada por el mismo gobierno”, Sabraw dijo que “es una realidad sorprendente que no se haya hecho una planificación adecuada antes de que los funcionarios se embarcaran en una política para separar a los niños de los padres mantenidos bajo custodia de inmigración o remitidos para su procesamiento penal”, continúa el medio.

Desde que el Fiscal General Jeff Sessions anunciara el pasado mes de abril la instauración de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración indocumentada en la frontera, más de 2.000 niños han sido separados de sus padres en el momento de ser aprehendidos por la Patrulla Fronteriza.

En el documento de la sentencia, Sabraw exige la reunificación de los niños, así como que se permita a los padres hablar con sus hijos en un lapso de 10 días, y prohíbe al gobierno deportar a cualquier padre sin su hijo.

Si bien el gobierno ha emitido una orden ejecutiva en la que suspende los procedimientos de separación familiar, la administración ha decidido entonces encarcelar a las familias juntas mientras se lleva a cabo el procedimiento penal, desestimando así un precedente judicial de 1997 conocido como el Acuerdo Flores.

De esta manera, Trump y su gobierno pretenden mantener en pie las nuevas políticas, mientras buscan la manera de reunificar a las familias separadas sin arrojar luz sobre la precisión de los mecanismos para ello.

A pesar de la decisión del juez Sabraw, la Administración “es libre aún de procesar a quienes cruzan la frontera de manera ilegal, pero busca preservar los derechos constitucionales de las familias bajo custodia”, reportó The Hill.

Esta sentencia es consecuencia de una demanda introducida por la American Civil Liberties Union (ACLU) durante el mes de marzo a favor de una madre inmigrante y su hija de seis años quienes fueron separadas durante el mes de noviembre después de ingresar al país huyendo de la persecución religiosa en la República Democrática del Congo, explicó The Guardian.

Pero este precedente es ahora útil para las miles de familias actualmente separadas al cruzar la frontera con México.

Este miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos deberá votar sobre una propuesta de inmigración diseñada en conjunto entre republicanos moderados y conservadores, y que contiene un presupuesto de 25 mil millones de dólares para un muro fronterizo y otros mecanismos para limitar la inmigración, a cambio de una vía para la ciudadanía para los llamados Dreamers, o jóvenes indocumentados llegados al país cuando niños.