Después de que el Fiscal General Jeff Sessions instaurara la “política de tolerancia cero” contra la inmigración indocumentada en el país, más de 3.000 niños menores de edad fueron separados de sus padres al ingresar al país y pasaron a manos del Departamento de Salud y Recursos Humanos para ser procesados como “menores sin acompañantes”.

Hacinados en centros de detención improvisados, en espacios parecidos a jaulas, sin contacto humano y sin poder comunicarse en inglés, estos niños se han transformado en la imagen de la inhumanidad de la Administración Trump.

Organizaciones a nivel nacional e internacional se han manifestado por las supuestas violaciones a los derechos humanos, y la juez distrital Dana Sabraw ordenó al gobierno reunificar a las familias antes del 26 de julio.

En vez de reunir a las familias, el gobierno instó a la American Civil Liberties Union a que se encargara de ubicar a los padres deportados para reunificarlos con sus hijos, como si las consecuencias de sus actos fueran responsabilidad de alguien más.

El pasado viernes el juez Sabraw declaró que “la responsabilidad es 100% del gobierno”, según reportó el New York Times.

“El juez expresó su desilusión por el hecho de que el gobierno no hubiese ideado un plan y dijo que quería que se nombrara a una o dos personas para supervisar la reunificación de los padres deportados con sus hijos”, continúa el medio. “Tiene que haber alguien a quién hacer responsable y que supervise todo el proceso”, aseguró el juez, citado por el Times.

De los 2.500 niños separados que se reportaron en un principio, el gobierno ha puesto en libertad a 1.979, según documentos de la corte hechos públicos la semana pasada. 600 niños siguen bajo custodia del gobierno, incluyendo 410 cuyos padres fueron deportados. 300 son de Guatemala y 100 son de Honduras. El resto provienen de El Salvador, Brasil y Rumanía, explica el Times.

El trabajo de reunificación ha sido llevado a cabo principalmente por abogados de organizaciones por los derechos del inmigrante y por colectivos organizados fuera del gobierno federal, quien se mantiene estático y sin mayor preocupación por el futuro de las familias.

Priya Konings, abogada de la organización KIND (Kids in Need of Defense) en Nueva York, dijo a National Public Radio que “ha sido increíblemente desafiante” el proceso de representar a los niños inmigrantes, teniendo que “enfrentar una cantidad casi insuperable de desafíos”.

Konings aseguró que muchos de los niños han sido puestos en libertad sin avisar a sus abogados y ubicarles ha sido el reto más importante en su labor.

“Hemos firmado (procesos legales de) adelanto con ellos. Estamos representándoles activamente, pero en realidad no sabemos su paradero”, explicó Konings. “Además, como parte de nuestra representación, debemos asesorar y consultar a nuestros clientes. Y es casi imposible aconsejar a un niño sin que el gobierno nos proporcione ninguna información sobre su plan para estos niños”.

Las dudas más importantes para los abogados son sobre si el gobierno se hará cargo de la reunificación, si les deportará o si les entregará a un guardián legal en el país.

“No tenemos idea”, agregó Konings. “A menudo, no recibimos ninguna información”.

Mientras tanto, los niños han sido víctima de abuso sexual, de maltratos físicos y psicológicos y la separación de sus padres ha dejado una marca definitiva en su vida.

El gobierno sigue dando la impresión de que el tratamiento de inmigrantes en Estados Unidos hoy no es prioridad, y que la misión inicial de la “tolerancia cero” sigue siendo la de dejar en claro que cualquier persona que quiera emigrar al país debe estar dispuesto a ser tratado como un “animal”.