Después de que el público se enterara de los desencuentros entre el abogado especial Robert Mueller y el Fiscal General William Barr sobre la investigación de inteligencia, el informe ha servido como hoja de ruta para subsecuentes pesquisas por parte del partido demócrata.

Teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes y, por ende, en los Comités de investigación judicial, Nancy Pelosi y el resto del partido han solicitado infinidad de documentos referentes al informe Mueller, incluyendo su versión sin redacciones.

Pero tanto el Departamento de Justicia como la Casa Blanca han decidido bloquear cualquier intento de publicación de documentos o de futuras audiencias.

La pregunta que nos hacemos todos es, si el presidente y el GOP realmente creen que la investigación “exoneró” a los inmiscuidos, ¿por qué oponerse a que el Congreso haga su labor?

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo este martes que “el caso está cerrado” y que el país “está listo para unirse y enfrentarse a los verdaderos retos delante de nosotros”.

“¿Podremos finalmente pasar de la parálisis partidista y la teoría de conspiración sin aliento”, preguntó. “¿O seguiremos consumidos por el partidismo desquiciado y divididos hasta el punto de que Putin y sus agentes sólo necesiten quedarse al margen y ver cómo hacemos su trabajo por ellos? Lamentablemente, creo que la respuesta es obvia.”

Muy a pesar de la “obviedad” que resalta McConell, el asunto no está tan cerrado.

El informe Mueller no sólo determinó que Rusia interfirió agresivamente en las elecciones presidenciales del 2016 a favor de Trump, sino que se salió con la suya sin mayores reprimendas, y el presidente que ahora se sienta en la Sala Oval gracias a su ayuda mantiene conversaciones constantes y sonantes con Putin, sin testigos que puedan dar Fe de lo discutido.

Asimismo, Mueller explicitó diez episodios en los que el presidente intentó obstruir la justicia cuando se dio inicio a la investigación sobre la injerencia de Moscú, incluyendo escaramuzas para destituir al mismo abogado especial.

Pero los estatutos del Departamento de Justicia impidieron a Mueller y a su equipo de investigadores emitir una recomendación de culpabilidad contra el presidente en funciones, lo que permitió tanto a Barr como al resto del Partido Republicano llegar a sus propias conclusiones y dar por concluido el asunto.

Sin embargo, tanto Demócratas como cientos de abogados ex funcionarios del Departamento de Justicia creen que Donald Trump es culpable y debe ser procesado por obstrucción de la justicia.

Políticos en altos rangos, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, han exigido que se de inicio al juicio político contra Trump, y su colega Kamala Harris ha opinado que Barr debería renunciar después de que quedara en evidencia que su rol no es el de Fiscal General del pueblo estadounidense, sino de abogado personal del presidente.

Por su parte, 566 fiscales federales y ex abogados del Departamento de Justicia – incluidos dos ex jefes de la división criminal en el Distrito Sur de Nueva York, publicaron una carta abierta declarando que “el presidente Trump parece haber cometido numerosos delitos” y, de no ser comandante en jefe, ya habría sido acusado.

En resumen, los especialistas delinean el procedimiento legal a seguir: el juicio político.

La disputa abierta entre el Congreso y la Casa Blanca parece cerrarse cada vez más, mientras el presidente introduce demandas a diestra y siniestra, y la Cámara comienza a considerar procedimientos de desacato contra el Fiscal General.

Para la investigadora legal de la Universidad de Georgetown, Victoria Nourse, esto podría llevar a “una verdadera crisis constitucional”.

Nourse dijo a AP: “no veo ningún motivo legítimo para que el ejecutivo rechace el testimonio de Mueller”, haciendo referencia nuevamente a la reticencia del presidente y sus allegados porque el abogado especial testifique y explique con sus propias palabras el hallazgo de su investigación.

“De nuevo, para hacer eso, ellos quizás argumentarán con la teoría ejecutiva unitaria de que todos los miembros del poder ejecutivo están bajo la autoridad del presidente y, por lo tanto, él puede ordenarle que no testifique. La respuesta de Mueller a ello podría ser, simplemente, renunciar”.

Pero el problema está en que este tira-y-encoge entre ambas divisiones del gobierno llegue a un punto muerto en las cortes.

El último presidente en negarse a responder a citaciones de la Cámara fue Richard Nixon y ya sabemos cómo terminó esa historia.