“No hubo colusión”. Esa es la frase resaltada por el Fiscal General William Barr a la hora de dar declaraciones a los medios sobre los hallazgos de una investigación especial llevada a cabo por parte del abogado especial Robert Mueller durante los dos últimos años.

Barr ha anunciado que los abogados del Departamento de Justicia han leído, evaluado y censurado las más de 300 páginas del informe en el que se juzgó el alcance de la interferencia rusa en los comicios del 2016 y la presunta obstrucción de la justicia por parte del presidente Donald Trump.

Desde el anuncio del fin de la investigación, el nuevo Fiscal General anticipó que publicaría lo que “considerara” de interés público y que no interfiriera con investigaciones en curso por parte de la comunidad de inteligencia.

Para el escándalo de muchos, esto dejaba en claro que Barr haría uso de su potestad para restringir información, y que modelaría la perspectiva de la investigación de acuerdo a su propio criterio.

El público recordó entonces que, antes de ser nombrado Fiscal General, Barr envió un memorándum al Departamento de Justicia, emitiendo su opinión como civil y ex Fiscal General durante la administración Bush, en la que declaraba que “las interacciones de Trump con el ex director del FBI, James Comey, no catalogaban como obstrucción de la justicia”, según reportó CNN.

Durante sus declaraciones a los medios este jueves, Barr dejó en claro que su predisposición contra el concepto de obstrucción de la justicia permanecía intacta.

“Después de revisar cuidadosamente los hechos y las teorías legales descritas en el informe, y en consulta con la Oficina de Asesoría Jurídica y otros abogados del Departamento, el Fiscal General Adjunto y yo concluimos que las pruebas obtenidas por el abogado especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de justicia” – William P. Barr sobre el informe Mueller.

Sin embargo, y aunque el segundo volumen del informe no había sido aún publicado, Barr escribió en sus cartas previas que “si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera”.

De igual manera, y tras el criticismo recibido por su manera de manejar el asunto del informe, el Fiscal General escogió esta vez compartir responsabilidad tanto con el Vice Fiscal General Rod Rosenstein como con los abogados del Departamento de Justicia, en especial en lo relativo a la información que no se compartirá con el público.

“Estas redacciones fueron aplicadas por los abogados del Departamento de Justicia que trabajan en estrecha colaboración con los abogados de la Oficina del Asesor Especial, así como con la comunidad de inteligencia, y los fiscales que están manejando los casos en curso,” dijo Barr a los medios. “Las redacciones son su producto de trabajo”.

Durante su gestión como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en 1989, Barr estuvo involucrado en las maniobras políticas y legislativas del gobierno e George H.W. Bush para la invasión de Panamá.

Según el editor en jefe de Just Security, y ex asesor especial del Departamento de Defensa Ryan Goodman, Barr habría emitido en “secreto inusual” una nota legal que concluía que “el FBI podría secuestrar por la fuerza a personas en otros países sin el consentimiento del estado extranjero”.

Ante las graves connotaciones de la medida, el Congreso pidió ver la opinión legal completa a lo que Barr se negó, diciendo que “proporcionaría un resumen con las principales conclusiones”, tal como lo ha vuelto a hacer 30 años después.

Según explica Goodman, en aquél momento, el documento que Barr guardó “omitía algunas de las conclusiones más consecuentes e incendiarias de la opinión real y, evidentemente, no había ninguna razón justificable para haber retirado esas partes”.

Según establece el informe, una importante cantidad de asesores y miembros de la campaña Trump tomaron el riesgo y llegaron a los extremos de mentir a los investigadores sobre su relación con funcionarios rusos durante y después de las elecciones.

Desde Paul Manafort hasta Roger Stone, gran parte de las personas increpadas en la investigación han sido halladas culpables, entre otras cosas, por haber guardado, tergiversado o desviado información sobre los más de 10 contactos con agentes rusos.

En su reporte, Mueller explica que la oficina se enteró de que algunas de las personas investigadas “eliminaron las comunicaciones relevantes o se comunicaron durante el período relevante utilizando aplicaciones que cuentan con cifrado o que no permiten la retención de datos o registros a largo plazo”.

La pregunta que queda en el aire es: si no había nada ilegal en el asunto, ¿por qué mentir?

Uno de los asuntos más importantes de la investigación Mueller fue la comunicación entre el asesor de seguridad nacional Michael Flynn y el embajador ruso Sergey Kislyak sobre el posible levantamiento de sanciones impuestas por la Administración Obama en retaliación a los ataques cibernéticos rusos en el 2016.

Según explican Michael Isikoff, corresponsal de investigación de Yahoo News, y David Corn, jefe de la oficina en Washington de Mother Jones en su libro Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump, las agencias de inteligencia estaban al tanto desde mucho antes de las elecciones del inicio de un ciberataque ruso contra el Comité Nacional Demócrata.

A pesar de varias advertencias y amenazas intercambiadas entre Washington y Moscú, el asesor de seguridad nacional de Obama dijo al Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que “abandonaran las propuestas agresivas” contra Rusia.

Si bien las razones son aún asunto de debate, la pregunta se mantiene más vigente que nunca.

Especialistas legales y, en especial, gran parte de los representantes demócratas, han declarado estar más interesados por las evidencias de presunta obstrucción de la justicia por parte del presidente Trump que por el asunto de colusión.

Según explicó el profesor de derecho de la Universidad de California, John Yoo, al Washington Post, “la consecuencia más importante del informe ya no es si la evidencia sobre la obstrucción respaldaría una acusación penal” sino más bien determinar si el informe expone “evidencia suficiente para que la Cámara de Representantes presente cargos de juicio político”.

“El estándar para el juicio político no es únicamente que el Presidente haya cometido un delito”, explica Yoo. “Podría incluir asuntos de mal carácter o juicio, así como una política desastrosa”.

En la página 182 del volumen II del informe, Mueller escribe: “si tuviéramos confianza, después de una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, lo afirmaríamos”.

Sin embargo, tras dos años de investigación y 400 páginas de evidencia, el investigador no logra determinarlo.

A pesar de la voluntad del Fiscal General por “exonerar” al presidente de cargos por obstrucción de la justicia, el informe “señala que el Congreso está facultado para intervenir y detener el uso corrupto del poder presidencial”, explica Sharon LaFraniere en el New York Times. “Los demócratas en el Congreso seguramente aprovecharán ese lenguaje como justificación para sus crecientes investigaciones.”