A Manuela la sentenciaron a 30 años de prisión luego de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. La esposaron a la cama del hospital donde fue a atenderse y la acusaron de homicidio agravado por tener un aborto espontáneo. En prisión le detectaron cáncer linfático y dos años después murió en la cárcel.

Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso y ha puesto en agenda política la criminalización del aborto en el país. El Salvador tiene una de las leyes más duras del mundo en materia de aborto, y el procedimiento está totalmente prohibido. A diferencia de algunos países latinoamericanos, El Salvador no permite abortar en casos de violación, incesto, o peligro para la salud de la madre o del niño.

El último miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos del caso. "Sabemos que el caso de Manuela no es aislado y que muchas otras mujeres están en la misma situación. Cuando Manuela acudió al hospital, los médicos y las autoridades dieron por sentado inmediatamente que era culpable, en contra de todas las garantías del debido proceso", afirma Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 

La decisión del tribunal se espera para finales de este año con altas expectativas sobre el efecto que esta decisión pueda tener en la región. Se trata de un juicio histórico que podría sentar un precedente importante para las políticas y debates sobre el aborto en toda América Latina. Los demandantes no solo piden una reparación para la familia de la fallecida, sino que exigen al Estado asumir su responsabilidad por no haber garantizado el derecho a la salud y a la vida de Manuela.