El Chicano Moratorium, mejor conocido como el National Chicano Moratorium Committee, fue un movimiento en contra de la Guerra de Vietnam y que se fundó en la coalición de varios grupos de mexicanos americanos, liderados por activistas estudiantiles y miembros de la organización chicana Brown Berets (Boinas Café, en español) – fundada en 1967 por David Sánchez, ex presidente del Consejo Juvenil del Ayuntamiento de Los Ángeles, durante la época del Movimiento por los Derechos Civiles, y que llegó a contar con más de 5000 miembros que reivindicaban la presencia chicana en las instituciones que les afectaban, lo que denominaron El Plan Espiritual de Aztlán.

Esta fusión de movimientos alcanzó su punto más álgido en la manifestación del 29 de agosto de 1970 en el este de la ciudad de Los Ángeles, que reunió a más de 30.000 personas.   

Los manifestantes impugnaban el hecho de que la comunidad chicana tan sólo representara el 5% de la población total en Estados Unidos, y aún así fueran una de las demografías con más muertes en la Guerra (alrededor del 22%). “La línea de fuego no está allá afuera, sino en la justicia social, dentro del país”, aseguraban.

Los grupos organizaron dos manifestaciones, la primera de las cuales fue llevada a cabo el 20 de diciembre de 1969 y que contó con alrededor de 1.000 participantes, y el apoyo del grupo Crusade for Justice radicado en Denver (Colorado), quienes lideraron la organización de otras demostraciones a lo largo de 1970, y que decantaron en una marcha multitudinaria el 29 de agosto en Los Ángeles, con otras simultáneas en ciudades como Houston, Albuquerque, Chicago, Denver, Fresno, San Francisco, San Diego, Oakland, Oxnard, San Fernando, San Pedro y Douglas, que contaban con cerca de 1.000 personas cada una.

Los manifestantes impugnaban el hecho de que la comunidad chicana tan sólo representara el 5% de la población total en Estados Unidos, y aún así fueran una de las demografías con más muertes en la Guerra (alrededor del 22%).

La marcha principal en Los Ángeles se concentró en el antiguo Laguna Park (conocido ahora como el Rubén F. Salazar Park), y contó con alrededor de 30.000 participantes de todas partes del país, quienes se movilizaron desde el Whittier Boulevard. La policía intervino por la fuerza para dispersar a los manifestantes, argumentando que la concentración era una “asamblea ilegal” y que muchos de quienes se encontraban allí habían robado una licorería en las inmediaciones. Entre bombas de humo y gas y el uso excesivo de la fuerza policial, más de 150 personas fueron arrestadas, muchos heridos y cuatro personas más murieron, entre ellas el reconocido periodista Rubén Salazar, director de una estación de televisión hispana local y columnista de Los Angeles Times.

El enfrentamiento se detonó por la resistencia de los manifestantes y la violencia de ambas partes, pero la muerte de cuatro manifestantes y la falta de condenas a las fuerzas policiales, transformó el evento en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos.

El intento de los medios y del gobierno por echar tierra sobre el asunto durante años, no ha hecho sino poner a hervir un resentimiento que hoy en día vuelve a estar vigente: cuando de justicia se trata, las minorías siempre están de últimas en la fila.

Casi 50 años después, este evento sigue siendo desconocido para la mayor parte de la ciudadanía, en un intento por ocultar la intolerancia y el exceso de poder de las fuerzas policiales en contra de una comunidad que dio su vida por el país en la más injusta de las Guerras.

Como explica el Dr. Juan Gómez-Quiñones en su columna para el National Institute for Latino Policy, muchos de los testigos de aquel fatídico día siguen vivos y a la espera del reconocimiento de las autoridades por los errores cometidos, y el perenne silencio ante los hechos tan sólo mantiene abierta la herida y la urgencia por perseguir una igualdad de derechos civiles aún inalcanzable.