Si bien muchas personas pro-vida en todo el país se regocijan ante la posibilidad de que el caso Roe Vs. Wade pronto sea anulado,  los defensores del aborto y quienes están en capacidad de quedar embarazadas están aterrorizadas, y con razón.

Prohibir el aborto no disuadirá a las personas de intentar interrumpir sus embarazos, pero puede tener importantes consecuencias para la salud de las personas embarazadas, especialmente las afrodescendientes. 

Antes del fallo histórico de la Corte Suprema de 1973, que otorgó a los ciudadanos el derecho constitucional al procedimiento, cientos de mujeres cisgénero morían cada año debido a la práctica de abortos inseguros en el hogar.

Impacto financiero

Se estima que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos tendrá un aborto antes de los 45 años, y muchas de las que se someten al procedimiento tienen obstáculos financieros.

Casi la mitad de las que abortan viven por debajo del umbral federal de pobreza, que implica un ingreso familiar de 27.750 dólares o menos para una familia de cuatro en 2022.

Estos hechos también visibilizan las disparidades raciales que influyen en el acceso al aborto, pues las personas afrodescendientes y las latinas tienen más probabilidades que las personas blancas de vivir en la pobreza.

Por su parte, las personas más adineradas tienen mayor acceso a métodos anticonceptivos efectivos e incluso al aborto, cuando este es necesario. Además, si residen en estados que restringen el aborto, tendrán más posibilidades de costear los viajes hacia otros que lo permitan, para recibir atención reproductiva.

“Los abortos seguros, los abortos para las personas pobres, los abortos para las personas afrodescendientes y los abortos para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, que son quienes más los necesitan, serán cada vez más difíciles de conseguir”, dijo la concejala Kenda Brooks en un comunicado el 3 de mayo.

Las cargas financieras también serán devastadoras a largo plazo. Según el Estudio Turnaway, que evaluó el impacto de los abortos denegados en la vida de las mujeres durante varios años, los desalojos y las quiebras aumentaron en el 81% entre aquellas que no pudieron interrumpir un embarazo.

No es tan simple

Los defensores de la vida a menudo argumentan que, en lugar de interrumpir un embarazo, las personas deberían dar a su bebé en adopción. Pero esta alternativa está lejos de ser una solución mágica; de hecho, no es una solución en absoluto.

Sugerir que la adopción es un reemplazo fácil para el aborto ignora el hecho de que llevar a término un embarazo es más peligroso que interrumpirlo. La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos ya es alarmantemente alta, en particular para las mujeres afro.

Más allá de los riesgos médicos, también hay consecuencias sociales, desde la necesidad de evadir preguntas incómodas por parte de amigos y extraños hasta enfrentar el abuso de familiares o de la pareja misma cuando se enteran del embarazo.

Según un estudio de la Universidad Tulane, publicado en diciembre de 2021, el homicidio es una de las principales causas de muerte en personas embarazadas, y las mujeres afro y las menores de 25 años corren el mayor riesgo.

La adopción tampoco es necesariamente la mejor opción para los niños. El sistema de crianza temporal ya está superpoblado, con más de 400.000 niños, muchos de los cuales informan haber sufrido abusos en el sistema.

Un estudio realizado por Casey Family Programs encontró que los niños adoptados tienen casi el doble de probabilidades de ser diagnosticados con trastorno de estrés postraumático que los veteranos de guerra estadounidenses.

Y aquellos niños que superan la edad del sistema sin ser adoptados no tienen una relación legal con su familia ni una red de seguridad a la que puedan recurrir.

¿Pro-vida o pro-nacimiento?

Si los defensores de la vida, incluidos aquellos que tienen el poder de gobernar las decisiones que los estadounidenses toman con sus cuerpos y sus vidas, estuvieran realmente preocupados por el bienestar de las personas embarazadas y los niños, promulgarían leyes para protegerlos, no para castigarlos.

En un país con una brecha salarial de género tan marcada, sin licencia familiar remunerada, un sistema de adopción desbordado, acceso limitado a atención médica y cuidado infantil adecuados y una tasa de mortalidad materna impactante está claro que este movimiento para prohibir el aborto no respalda la vida, sino la reproducción forzada.