Como latina e inmigrante, conozco de mi primera mano los esfuerzos de esta administración para restringir nuestras opciones. Las visas, los permisos de trabajo, las prohibiciones de viaje y la rápida implementación de las políticas de ICE ya las han restringido y nuestra capacidad de caminar libremente. Ahora este nuevo caso ante la Suprema Corte amenaza nuestro derecho más íntimo: el que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Yo sé muy bien los desafíos que enfrentan nuestras comunidades para acceder al cuidado de salud reproductiva. Las barreras económicas, las restricciones de tiempo, las barreras del idioma, la ansiedad en torno a un sistema de salud desconocido y las bajas tasas de cobertura de seguro ya dificultan que nuestra gente acceda a la atención médica.

Este año, la Corte Suprema decidirá al menos tres casos importantes que determinan nuestros derechos, nuestra salud y nuestro futuro. Esta semana, la Corte escuchó el primer caso, June Medical Services vs. Russo, un caso sobre una ley de Louisiana que impondría restricciones médicamente innecesarias que buscan que el aborto sea inaccesible.

Si bien este caso decidirá una ley de Louisiana, tendrá consecuencias a nivel nacional. Si la Corte falla en favor de esta ley, podría abrir las puertas a restricciones similares en todo el país, esencialmente haciendo que Roe v. Wade carezca de sentido. Hace menos de cuatro años, la Corte Suprema dictaminó que una ley idéntica de Texas era inconstitucional en Whole Woman’s Health v. Hellerstedt. El hecho de que la Corte decidió tomar este nuevo caso significa que están dispuestos a revisar su precedente de hace solo unos años.

En los próximos meses, la Corte Suprema también dictaminará sobre una ley que permitiría a los empleadores restringir el acceso a métodos anticonceptivos para su empleados. Si te sorprende la idea de que algo tan básico como el acceso a anticonceptivos esté ahora en debate, no estás solo. Tampoco es algo aislado: desde que tomaron su cargo, hemos visto que la administración Trump impulsa una política tras otra para eliminar nuestra salud y nuestros derechos, tratando de restringir el acceso a métodos anticonceptivos, cortar los fondos al Programa de Prevención del Embarazo e incluso evitar que los pacientes accedan a cuidados preventivos básicos en Planned Parenthood. Es más: la administración respaldó una demanda destinada a mermar las protecciones para afecciones preexistentes, anticonceptivos sin costo y cobertura de salud a bajo costo bajo Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, un caso que la Corte Suprema también revisará más tarde en el año.

Si las cortes restringen nuestro acceso a la atención aún más, nuestras comunidades sentirán el impacto. Y esto es algo que ninguno de nosotros quiere vivir. Al igual que la mayoría de los estadounidenses, los latinos apoyan el acceso a un aborto legal y seguro: el 67 por ciento de los votantes latinos no quieren ver que Roe v. Wade sea revocado, y el 82 por ciento está de acuerdo en que las mujeres deben tomar sus propias decisiones sobre el tema sin interferencia política.

Es por eso que las latinas defensoras de los derechos reproductivos no daremos ni un paso atrás. Esto es más grande que una restricción en nuestros cuerpos.

Crecí escuchando una y otra vez que lo difícil se hace rápidamente, pero lo imposible lleva un poco más de tiempo, y es por eso que jamás, nunca, permitiremos estos ataques a nuestros derechos reproductivos. Creo en el compromiso del Planned Parenthood Action Fund a continuar trabajando para garantizar que todas las personas puedan acceder a la atención que necesitan, sin importar quiénes sean, dónde vivan o qué idioma hablen.