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Chavistas participan en una manifestación con un cuadro del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de El Libertador, Simón Bolívar, para apoyar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el viernes 4 de agosto del 2017, en Caracas (Venezuela).
Chavistas participan en una manifestación con un cuadro del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de El Libertador, Simón Bolívar, para apoyar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el viernes 4 de agosto del 2017, en Caracas …

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Tras meses de enfrentamientos en las calles, una crisis humanitaria insostenible y una inflación que parece no tener techo, el gobierno de Nicolás Maduro insistió en llevar a cabo unas elecciones para una Asamblea Constituyente, cuyos resultados fueron manipulados por el gobierno y desmentidos públicamente por la empresa digital que llevó a cabo el conteo.

El Consejo Nacional Electoral condenó las acusaciones de la empresa Smartmatic, calificándolas de “irresponsables”, y ha proseguido con la ceremonia de juramentación de la junta directiva de una Asamblea que modificará la constitución de 1999.

El “segundo hombre fuerte” del chavismo, Diosdado Cabello, ha propuesto la directiva de la nueva Asamblea, conformada a partir de hoy por Delcy Rodríguez, ex canciller venezolana, como presidenta; Aristóbulo Istúriz, como primer vicepresidente e Isaías Rodríguez como segundo; Fidel Vázquez como secretario y Carolis Pérez como sub secretaria.

Ante la inconstitucionalidad de la Asamblea del gobierno, y el fraude electoral demostrado por Smartmatic y por observadores independientes, alrededor de 40 países a nivel mundial han declarado no reconocer la Asamblea Constituyente ni su producto, instando al gobierno a dialogar y establecer un cronograma de elecciones inmediata, frente al miedo de la consagración de una dictadura.

Pero el régimen de Nicolás Maduro ha hecho oídos sordos a la comunidad internacional, a pesar de las sanciones económicas emitidas por Estados Unidos en contra de más de 13 funcionarios del estado, incluyendo al mismo presidente, y a la solicitud de varios presidentes latinoamericanos de suspender a Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La meta es una sola: aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias.

Para ello, el gobierno venezolano – temiendo las posibles sanciones de Estados Unidos a la empresa nacional de petróleo, PDVSA – ha acordado nuevos pactos económicos con Rusia, a través de la empresa estatal Rosneft, quien ha adelantado pagos por más de mil millones de dólares.

Según informó la BBC, “en su último informe financiero trimestral, publicado este viernes, la compañía rusa incluyó un pago por adelantado de US$1.015 millones hecho en abril a su similar venezolana PDVSA”.

Este tipo de transacciones no son nuevas, pues entre ambos gobiernos ha habido acuerdos de compra de crudo durante los últimos años; tan sólo durante el 2016, PDVSA recibió un pago de 1.485 millones de dólares.

Actualmente, pocos son los países que apoyan abiertamente al gobierno venezolano, incluyendo tan sólo a Bolivia, El Salvador y Nicaragua, en América Latina.

El caso de China y Rusia ha sido más puntual aún, pues ambas naciones mantienen nexos económicos fundamentales con la empresa petrolera venezolana, por lo cual ninguno de los gobiernos ha desacreditado el proceso Constituyente de Maduro.

Durante la jornada de este viernes, la oposición venezolana ha convocado de nuevo a las calles para manifestarse en contra del fraudulento proceso del gobierno, y han decidido marchar hacia el hemiciclo, edificio donde a partir de hoy tanto la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) como la Asamblea Constituyente de Maduro intentarán demostrar su legitimidad.

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