Desde tempranas horas de la mañana, Venezuela se sumió en una atmósfera de tensión, en el cuello del embudo de una crisis definitiva de más de cien días. En contra de las recomendaciones internacionales, de la voluntad de millones de personas que se han volcado a las calles y a un sufragio independiente donde 7.6 millones de personas aseguraron estar en desacuerdo, el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha la jornada electoral a favor de su Asamblea Nacional Constituyente.

Las elecciones del día de ayer suponen la conformación de una Asamblea que redactará una nueva Constitución, enterrando lo que quedaba del legado de Hugo Chávez Frías, quien comenzó su proceso Bolivariano redactando la constitución de 1999.

La nueva Asamblea contará con 545 diputados exclusivamente chavistas, que sustituirá la Asamblea Nacional escogida por la ciudadanía a finales del 2015 y que se ha transformado en el pilar de la oposición al régimen. En conjunto con la coalición de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática, los diputados de la Asamblea Nacional han desconocido desde el día uno el proyecto Constituyente de Maduro, que será integrada por los altos mandos del chavismo, incluyendo a la ex canciller Delcy Rodríguez y a la esposa del jefe de estado, Cilia Flores.

El día domingo, toda Venezuela amaneció bloqueada con barricadas, símbolos de la protesta desde el 2014. La población civil, que demostró su descontento durante el referéndum independiente convocado por la oposición el día 16 de julio, acordó no participar en la votación por una Asamblea Constituyente que sumirá al país en una dictadura por antonomasia.

Desde tempranas horas de la mañana, varios residentes denunciaban la militarización de las calles y el inicio de la represión por parte de los funcionarios del orden público, quienes acataban la orden del régimen de no permitir protestas ni la cobertura de medios durante la jornada.

Según reportaron los medios nacionales, 16 personas fallecieron durante el contexto de la jornada electoral: 6 en el estado Táchira, 5 en Mérida, 2 en el Zulia, 2 en Lara y 1 en Sucre.

“El grueso de los homicidios, contrario a lo que ha sucedido en los 4 meses de manifestaciones, ocurrió en pueblos y no en las capitales de los estados”, reportó Runrunes, haciendo referencia a localidades como Chiguará, Tovar y San Jacinto, en Mérida; Tucapé, Capacho Viejo y La Grita, en Táchira, y Aguada Grande en Lara.

Los fallecidos fueron Luis Ortiz (17), Albert Rosales (53), Wilmer Smith Flores (21), Ronald Ramírez Rosales (sargento segundo de la Guardia Nacional), Adrián Rodríguez de 13 años (por un disparo de un francotirador, según testigos), Ender Rafael Peña (18), Marcel Pereira, Iraldo Gutiérrez, Eduardo Olave, Ángelo Yordano Méndez; un joven indigente de Mérida conocido como Andrés, Luis Beltrán Zambrano Lucena (43), Juan José Monges Páez (42), Miguel Urdaneta (25), Heiber Ocando (19) y Ricardo Campos, quien fuera secretario juvenil del partido opositor Acción Democrática, en Cumaná.

Todos ellos fueron asesinados por tiros de armas largas, lo que suponía que quienes estaban al mando del control de las calles eran fuerzas del ejército, lo que transformó estas 24 horas en la jornada más violenta desde el inicio de las protestas.

En un país con un cerco comunicativo tan importante como el que sufre Venezuela, es muy difícil para sus ciudadanos comprender lo que sucede incluso en sus propias ciudades. Las televisoras nacionales, controladas por el régimen, publicaban imágenes donde los centros de votación – sobre todo en la capital – estaban llenos de personas. Pero dirigentes opositores, ciudadanos comunes y la prensa independiente, difundieron imágenes de decenas de centros de votación absolutamente vacíos.

Asimismo, y con varias horas de sufragio por delante, los dirigentes de la oposición hacían públicas las cifras que el gobierno daría en un resultado que superaba por más de un millón de votos a las elecciones independientes opositoras, en una campaña por deslegitimizar el proceso, al que han categorizado de fraude.

“Las cifras que manejamos ahora, del grupo de personas que han votado hasta ahora con todos los cómputos nuestros y la información que nos llega interna del CNE, no llega al 1% del padrón electoral. Se trata de casi un millón de personas que han votado hasta las 3 de la tarde del día de hoy”, informó el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges.  

A pesar de las imágenes, de los reportajes y de la conciencia civil de la circunstancia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que los resultados de los comicios eran avasallantes, confirmando la información que ya había hecho pública la bancada opositora.

Habiendo anunciado previamente que “el 99% de la población había ejercido su derecho al voto”, Lucena declaró a las 11:45 pm que el 41,53% del padrón electoral había participado, sumando un total de 8.089.320 venezolanos, casi la misma cantidad de personas que reeligieron a Hugo Chávez en los comicios presidenciales del 2012.

Según reportó NTN24, “Lucena indicó que no podía adelantar los resultados de los candidatos sectoriales debido a que las diferencias son cerradas, mientras que sí anunció algunos de los candidatos adjudicados territorialmente, entre los que señaló a Cilia Flores, Iris Varela, Jesús Faría, Diosdado Cabello y Roque Valero”, todos militantes férreos del chavismo.

Una circunstancia como esta deja un rastro de dudas y escepticismo, pero considerando el historial poco democrático del grupo que ha tomado la batuta del proceso chavista, no es difícil creer que el supuesto proceso electoral venezolano ha sido una cortina de humo para la radicalización de un régimen autocrático.

Así lo considera la mayor parte de los gobiernos de la región, quienes han condenado la Asamblea Nacional Constituyente, por considerarla “fruto de un proceso fraudulento”.

Países como Argentina, Colombia, México, Perú y Panamá, han declarado que no reconocerán los resultados, sumándose al gobierno estadounidense quien aseguró que reforzaría las medidas de sanciones contra los mandatarios chavistas.

Por su parte, el gobierno español anunció a última hora del domingo que tampoco reconocerá los resultados de una Asamblea Constituyente “que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto”, según el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De la misma manera, el gobierno de Michel Temer en Brasil, ha confirmado que la jornada electoral “confirma la ruptura del orden constitucional en Venezuela”, según reportó el diario El País.

Los únicos países que han apoyado el proceso de Nicolás Maduro han sido Bolivia, Nicaragua y El Salvador, representando una minoría en la región, frente a un bloque de 10 países (Argentina, Costa Rica, México, Perú, Panamá, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala) que han solicitado una reunión de los organismos diplomáticos para abordar la situación, incluyendo una posible suspensión de Venezuela del Mercosur, como declaró el canciller paraguayo Eladio Loizaga.

Asimismo, tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea, han desconocido el proceso constituyente.

Con la consolidación de una Asamblea de Gobierno absolutamente chavista que ciertamente desconocerá cualquier bancada opositora, Venezuela inicia el último capítulo de la situación más crítica en su historia contemporánea.

La división política del país es una fractura kilométrica, donde se viven realidades paralelas: aquella publicitada por el gobierno, y aquella que viven los ciudadanos reales.

La violencia, la imposibilidad de un diálogo y decisión irresoluta de la oposición de seguir en rebelión contra el gobierno, augura los peores días de represión y radicalización de la fuerza paramilitar del régimen.