En medio de la turbulencia política que enfrenta el país, es probable que muchos hayan olvidado ya decisiones de la Administración Trump contra la comunidad inmigrante en el país.

Entre muros, deportaciones y redadas, la realidad vivida por inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala son asunto del pasado.

Pero un informe publicado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encabezado por el Senador de New Jersey Robert Menendez, saca a la luz una peligrosa estrategia utilizada por el gobierno de Donald Trump hace tan sólo un año para convertir a estos inmigrantes en una moneda política.

En un documento de 150 páginas titulado “Jugando a la política con protecciones humanitarias: cómo los objetivos políticos tranzaron la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de los recipientes del TPS”, el Comité detalla la manera en la cual la Administración Trump ignoró intencionalmente las advertencias sobre riesgos de seguridad nacional y la vida de medio millón de inmigrantes al revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a salvadoreños, hondureños y haitianos.

En mayo del 2018, la Administración Trump anunció el fin del TPS bajo el argumento de que los países “se han recuperado lo suficiente” como para recibir de vuelta a sus ciudadanos.

Pero según el informe del senador Menendez, las razones fueron totalmente distintas.

Cartas, memorandos y cables de embajada enmarcaron la evidencia de que el ex Secretario de Estado Rex Tillerson fue aconsejado por altos funcionarios del Departamento de Estado de evitar el fin del programa, por miedo a la desestabilización de la región.

Los funcionarios argumentaron que, al perder su estatus, los inmigrantes pasarían a la clandestinidad y podrían aumentar la violencia entre pandillas o sumarse a las filas de grupos de crimen organizado.

Asimismo, los documentos muestran una estimación hecha en el momento de que alrededor de 273.000 niños ciudadanos estadounidenses se verían separados de sus padres u obligados a regresar a un país que no es el suyo.

“A pesar de estas advertencias, la administración Trump decidió terminar imprudentemente con las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití, con pleno conocimiento de los peligros inherentes de sus decisiones”, explica el informe.

Más grave aún es que los documentos muestran que la decisión fue tomada para que coincidiera con el ciclo electoral y ayudara a la campaña política del presidente por la reelección en el 2020, “consideraciones que no tienen fundamento para la protección humanitaria”.

“El personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado descubrió que los altos cargos de la administración Trump en el Departamento de Estado recomendaron un período de terminación más corto para evitar que cientos de miles de receptores del TPS pierdan su estatus durante el apogeo de las elecciones del 2020”, reza el informe.

A pesar de haber tenido a la mano toda la información necesaria para conocer el estado económico y social de cada uno de los países – quienes entre terremotos y huracanes aún luchan por salir a flote – el gobierno insistió en poner en riesgo la frágil estabilidad de la región y a cientos de miles de personas.