200.000 salvadoreños, 2.500 nicaragüenses, 45.000 haitianos, 9.000 nepaleses y ahora 50.000 hondureños, son las últimas víctimas de la campaña de la Administración Trump contra la inmigración legal.

Siguiendo con su férreo esfuerzo por cerrar las puertas del país, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Administración Trump ha anunciado el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños.

Según el argumento del gobierno, la secretaria de seguridad nacional, Kirstjen Nielsen, “ha considerado cautelosamente las condiciones” actuales de Honduras, determinando que el país se ha recuperado lo suficiente del  desastre causado por el huracán Mitch en 1999, por lo que los ciudadanos ya no tendrían necesidad de permanecer en Estados Unidos.

Pero estos miles de hondureños ya han hecho de Estados Unidos su hogar, tienen hijos ciudadanos estadounidenses y negocios e hipotecas, y forman el segundo grupo más grande de personas bajo el TPS, después de los salvadoreños.

Asimismo, y de acuerdo al Washington Post, el gobierno de Donald Trump no estaría considerando las condiciones actuales del país que “es hoy en día una de las naciones más violentas del mundo, y se ha visto envuelta en inestabilidad política desde las elecciones presidenciales del año pasado cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de Estados Americanos y otros observadores internacionales”.

"T.P.S. todavía estará en los libros, pero se habrá vaciado virtualmente de los beneficiarios en un momento del mayor número de desplazados forzosos en la historia reciente y un número sin precedentes de crisis complejas que provocan desplazamiento ", dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro. para Estudios de Migración en Nueva York, al New York Times.

Muestra de ello es la gran cantidad de ciudadanos hondureños que se sumaron a la llamada Caravana de Refugiados que cruzó todo el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos el pasado domingo y pedir asilo. 

Por su parte, el embajador hondureño en Estados Unidos, Marlon Tabora, aseguró que “no existen las condiciones en el país para repatriar a decenas de miles de personas”, según recopiló Kelo.com. “Estas familias han vivido en Estados Unidos durante 20 años y reintegrarlos al país no será fácil, si deciden regresar”, agregó.

La decisión del DHS contempla un lapso de 12 a 18 meses para que los ciudadanos involucrados arreglen sus asuntos en Estados Unidos y regresen por voluntad propia a Honduras, pues después del lapso estarán bajo riesgo de deportación.

Aún así, y según continúa el Times, “muchos de los que anticipan la pérdida de su estatus de protección han asegurado que recurrirán a vivir en las sobras, al igual que los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, en vez de regresar a su turbulento país”.

De la misma manera, muchas de las familias que permanecen en Honduras logran sobrevivir gracias a las remesas enviadas desde Estados Unidos por sus familiares, explica The Guardian. “El año pasado, poco más de 4.4 mil millones de dólares fueron enviados a Honduras – un aumento de 12.7% desde el 2016 – contribuyendo con el 18% del PIB, de acuerdo con el banco central”.

Este tipo de decisiones por parte del DHS, además de tener graves implicaciones humanitarias, tan sólo agravarán la circunstancia en la región, cuya proximidad geográfica con Estados Unidos le convertirá en un problema mayor a largo plazo.