Estos últimos meses han sido angustiosos para toda la humanidad, con una pandemia sin vacuna que ha cobrado la vida de más de casi medio millón de personas.

Para los inmigrantes indocumentados en el país, la situación es doblemente preocupante.

Desde que la Administración Trump pusiera en jaque la continuación del Programa de Acción Diferida para los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando niños (DACA), y después de que revocara el Estatus de Protección Temporal (TPS) a ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, cientos de miles de personas en el país viven en constante angustia por no saber cuál será su futuro estatus.

Según explicó Politico, se espera que la Corte Suprema dictamine en los próximos días el destino del programa DACA, lo que podría poner en riesgo de deportación a alrededor de 700.000 personas.

La decisión, sin embargo, podría no ser resolutiva.

“Una decisión de la Corte Suprema que obligue al Congreso a actuar añadiría otra monstruosa tarea a su lista de cosas por hacer este año, al tiempo que empujaría a los legisladores a uno de los debates políticos más espinosos pocos meses antes de que ellos, y el Presidente Donald Trump, estén en la papeleta,” explicó el medio.

Entre un posible proyecto de reforma policial y negociaciones sobre el próximo paquete de ayuda para el coronavirus, el Congreso podría llegar a tener en sus manos más de lo que es capaz de resolver a tiempo.

El senador Dick Durbin (D-Ill.), quien ha defendido por mucho tiempo la reforma migratoria, predijo que el Congreso no haría nada si la Corte Suprema anulaba el programa. Eso haría que cientos de miles de personas en el programa DACA fueran deportadas si la Casa Blanca y Trump no intervienen.

"No con este Senado McConnell. Es poco probable que hagamos algo para ayudar a estos jóvenes", dijo Durbin, refiriéndose al líder de la mayoría Mitch McConnell, quien ha dicho que cualquier arreglo de la DACA debe ir acompañado de reformas más amplias.

Sin embargo, para algunos legisladores, la estrechez de miras del GOP deja por fuera lo mucho que podrían hacer los Dreamers por la recuperación económica del país después de la pandemia.

Según escribieron las representantes Lucille Roybal-Allard (D-Calif.), Nydia M. Velázquez (D-N.Y.) e Yvette D. Clarke (D-N.Y.) en una columna de opinión para The Hill, el camino a seguir después del impacto del COVID-19 en el país es “largo y difícil”, y la clave para ello es “apoyar nuestras pequeñas empresas que son los motores de nuestra economía nacional”.

Las representantes hacen referencia a los cientos de miles de inmigrantes, emprendedores y empresarios, así como también los médicos, repartidores, cajeros y agricultores que han mantenido el país en marcha.

“Más de 200.000 beneficiarios del DACA y 130.000 beneficiarios del TPS trabajan en empleos que el Departamento de Seguridad Nacional reconoce como esenciales para la infraestructura crítica de la nación”, explicaron, resaltando la urgencia de aprobar la H.R. 6, mejor conocida como The American Dream and Promise Act, que garantizaría un camino a la ciudadanía a los cientos de miles de inmigrantes que son fundamentales para la economía de Estados Unidos.

“La realidad es que la amenaza que enfrentan los soñadores y los poseedores del TPS es una crisis totalmente evitable que impacta a millones de americanos en hogares de estatus mixto,” concluyeron las representantes.

“Más de medio millón de niños nacidos en EE.UU. tienen un padre protegido por DACA o TPS, y más de 2 millones de personas viven con un miembro de la familia cubierto por uno de estos programas. Y aunque hay un amplio apoyo bipartidista para proteger estas comunidades, sus vidas han sido continuamente lanzadas al caos debido a las acciones de la administración Trump.”