Justificar su declaración de Emergencia Nacional ha sido todo un reto para el presidente Trump.

Entre demandas masivas y un criticismo subido de tono, la estrategia de la Administración por sortear el Congreso y conseguir fondos para un muro fronterizo ha sido percibida como un capricho con matices racistas.

Simultáneamente, reportes sobre maltrato a inmigrantes detenidos, nuevas cifras de familias separadas y la incapacidad de la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen para defender los mecanismos de su departamento han evidenciado una vez más el desastre absoluto del gobierno de Trump a la hora de poder mantener sus políticas anti-inmigrantes en la esfera de lo legal.

El pasado jueves, reportajes a nivel nacional expusieron el monitoreo excesivo por parte de la Administración contra activistas y periodistas que ingresaban al país a través de la frontera con México, mientras acompañaban o cubrían la situación de los inmigrantes indocumentados.

Según reportó el New York Times, un documento interno del gobierno sugería la selección específica de activistas y periodistas de inmigración en los puntos de entrada en la frontera para ser detenidos y examinados de manera “adicional”.

Los nombres en la lista eran de personas que “habían viajado con las caravanas de migrantes cuando llegaban a las ciudades fronterizas de México desde América Central para buscar asilo”.

Mientras Aduanas y Protección Fronteriza argumentaban haber identificado a las personas porque “pudieron haber tenido información en relación con los ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza” durante el pasado mes de noviembre, organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han denunciado una flagrante violación de derechos.

“Las implicaciones de esto son realmente inquietantes”, dijo la abogada de la organización Esha Bhandari. “Es inconstitucional que el gobierno apunte a las personas para castigar o tomar represalias basándose únicamente en su actividad protegida por la primera enmienda”.

Mientras el gobierno insiste en que la “emergencia” en la frontera se debe a los cruces ilegales por parte de inmigrantes indocumentados – decorados con exageraciones gubernamentales sobre cifras de violencia en las zonas colindantes – la verdadera crisis es precisamente la generada por las políticas del gobierno.

La demagogia presidencial y el caos administrativo por políticas como la de Tolerancia Cero, han traído como consecuencia la debilitación de la credibilidad gubernamental y una respuesta directamente proporcional por parte de los inmigrantes.

Según datos de la Patrulla Fronteriza, durante el mes de febrero se detuvieron a más de 66.000 inmigrantes en la frontera, representando el número total más alto durante un solo mes en más de una década.

Lo que más llama la atención, es que más del 80% de las aprehensiones fueron en puertos de entrada y, según reportó The Independent, “muchos de los inmigrantes se han entregado voluntariamente en las estaciones de la Patrulla Fronteriza”.

La mayoría son familias o niños que viajan solos y que aseguran huir de la violencia en sus países, lo que para la Administración es una “crisis humanitaria” cuando se trata de países como Venezuela.

A todas miras, a Trump le ha salido el tiro por la culata en todo lo referente a la frontera.