Para la comunidad de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) el Día de San Valentín tiene un significado totalmente distinto.

Hace exactamente un año, a las 2:19 de la tarde, Nikolás Cruz entraba al edificio 12 de la escuela con una AR-15 abriendo fuego, quitándole la vida a 17 personas y cambiando el rumbo de la de todos los demás.

En un país donde la Segunda Enmienda ha dado luz verde a más de 60.000 muertes en tiroteos masivos, los estudiantes de Stoneman decidieron decir “¡ya basta!” y tomaron el asunto en sus propias manos.

Una joven con la cabeza rapada, acompañada de una docena de compañeros, tomó un micrófono y dijo al país: “Desde la época de nuestros padres fundadores y desde que agregaron la Segunda Enmienda a la Constitución nuestras armas se han desarrollado a una velocidad que me pone enferma. Las armas han cambiado pero nuestras leyes no”.

Su nombre era Emma González, y su rostro pobló las primeras páginas de todos los medios a nivel nacional durante el resto del año.

Los estudiantes organizaron una “Marcha Por Nuestras Vidas”, impulsaron la campaña por la concientización del voto y amenazaron con cambiar el rumbo de la política nacional.

El resultado de sus esfuerzos es, para ponerlo de manera sencilla, agridulce.

Con el eslogan “Nunca Más”, González y sus compañeros cambiaron la manera en la que se percibía la legislación en cuanto al porte de armas, cuestionaron la Segunda Enmienda y acorralaron a organizaciones como la National Rifle Association por su cabildeo multimillonario en Washington.

Sin embargo, la respuesta de los legisladores y representantes políticos aún se mantiene dubitativa.

La respuesta del gobierno de Florida al tiroteo fue la aprobación de la llamada “Ley de las Banderas Rojas”, un protocolo que permite a las autoridades usar “órdenes de protección de riesgos para confiscar armas y municiones a personas con problemas de salud mental”.

A pesar del criticismo de los defensores de la Segunda Enmienda, el modelo de ley ha sido copiado por ocho estados y, tan sólo en Florida, ha permitido confiscar armas de fuego a más de 500 personas.

Es la primera vez en años que el gobierno republicano del estado consideraba medidas para regular la violencia por armas de fuego, después de que el tiroteo en Stoneman y en un club nocturno en Orlando pusieran nuevamente el foco en la priorización de la seguridad por encima del dinero.

De manera parecida, el estado aprobó una ley que exige un mínimo de 21 años de edad para obtener un rifle semiautomático y prohíbe los mecanismos de munición llamados “bump stocks”.

Sin embargo, el impulso del movimiento “Never Again” parece haberse ido disolviendo a medida que la fiebre por las elecciones de mitad de período colmaba al país, y otras iniciativas tomaban la delantera en las propuestas de campaña.

A nivel federal, la salud asequible, la inmigración y hasta el Green Deal han opacado casi por completo la urgencia de un control de armas, aún cuando dos docenas de candidatos pro-armas fueron vencidos en carreras por puestos en la Cámara y la participación de votantes jóvenes despegó como nunca antes durante las elecciones de noviembre.

Tras meses de inacción política, la nueva mayoría demócrata en el Congreso ha celebrado el aniversario del tiroteo en Parkland con el primer paso real hacia un cambio.

Según reportó Politico, el día miércoles el Comité Judiciario “aprobó dos proyectos de ley que ampliarían las verificaciones de antecedentes federales para las compras de armas de fuego”.

Aún cuando la legislación pueda pasar la Cámara, “no tiene posibilidades en el Senado”, según amplía el medio, pero “cumple con las promesas de los demócratas de actuar rápidamente para combatir la violencia con armas de fuego”.

Y es que si algo han aprendido los Demócratas este año, en especial con el fenómeno de la nueva generación de legisladores como Ocasio-Cortez, es que la verdadera fuerza electoral del país está en el voto joven que, de no ser escuchado, podría llegar directamente a un asiento en el Congreso.