El lunes 3 de octubre, el juez Joshua H. Roberts del Tribunal de Apelaciones de Filadelfia bloqueó la orden ejecutiva del alcalde Jim Kenney que prohibía las armas de fuego en los centros de ocio. Esto se produce después de que Gun Owners of America presentara una demanda en nombre de los residentes contra las órdenes del alcalde el día después de que Kenney firmara la orden. 

Roberts dijo en su fallo del lunes que su decisión de bloquear la orden se basaba "puramente en cuestiones legales". A continuación, pasó a citar dos opiniones del ex juez del Tribunal Supremo Russell Nigro y del presidente del Tribunal de la Commonwealth, la juez emérita Bonnie Brigance Leadbetter, de una decisión del Tribunal Supremo del Estado de 1996 y sugiere que debe ser revisada para los tiempos actuales. 

Roberts dijo que "comparte, se hace eco y amplía los sentimientos" de Nigro y Leadbetter. 

En la disidencia de 1996 en el caso Ortiz v. Commonwealth, que era un caso sobre si Filadelfia y Pittsburgh pueden regular la posesión de armas de asalto, Leadbetter dijo que como resultado de la "abrumadora plaga de violencia con armas de fuego, las condiciones locales bien pueden justificar restricciones más severas que son necesarias en todo el estado". 

Nigro dijo que cuando un niño no puede salir de su casa sin el riesgo de quedar en el punto de mira de un tiroteo, "le estamos negando el derecho más fundamental, el de la vida y la libertad, por lo que insto a nuestro Tribunal Supremo a que reconsidere la amplitud de la doctrina Ortiz y permita restricciones locales ajustadas a las necesidades locales." 

Kevin Lessard, portavoz del alcalde, dijo que la oficina estaba "decepcionada por el resultado" y que están "revisando" la decisión.

"La orden ejecutiva del alcalde pretendía evitar la violencia sin sentido que está interfiriendo en la seguridad de los niños, las familias y el personal en lo que deben ser lugares seguros", dijo Lessard. 

El lunes 26 de septiembre, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, firmó una orden ejecutiva por la que se prohíben las armas de fuego y otras armas mortales en los centros de instalaciones recreativas de la ciudad, incluidas las canchas, los campos, los parques infantiles y las piscinas.

La orden se produjo tras la muerte de una empleada de Parks and Rec, Tiffany Fletcher, que murió el viernes 9 de septiembre por una bala perdida disparada durante una disputa cercana. Un joven de 14 años ha sido acusado de su asesinato. Se han reportado casi 300 casos de violencia con armas de fuego en sitios de recreación de la ciudad desde 2019. El aumento de la violencia armada en la ciudad también jugó un papel, ya que el alcalde ha enfrentado el escrutinio y la presión sobre su manejo de la situación. 

La demanda de Gun Owners of America (GOA) fue presentada el martes pasado y los argumentos fueron escuchados por el juez Roberts el viernes 30 de septiembre, cuando Roberts emitió su fallo final sobre el asunto y se puso del lado de GOA. Con su fallo, ordena que Filadelfia quede "permanentemente inhabilitada" para aplicar la orden de Kenney. 

Según la demanda, se cita la ley del estado de Pensilvania que prohíbe a cualquier ciudad o condado de Pensilvania aprobar leyes de control de armas. Titulada, La Ley de Preferencia, es una que Filadelfia ha tratado de anular en tiempos pasados. La ley prohíbe a los gobiernos locales aprobar medidas sobre armas que resulten más estrictas que las propias leyes estatales sobre armas. 

"Por mi parte, me complace que el Tribunal de Common Pleas haya podido resolver tan rápidamente esta demanda, pero eso fue en gran parte porque la ley es muy explícita: La ciudad no puede regular la posesión de armas de fuego de ninguna manera", dijo el abogado Andrew B. Austin, que representó a la GOA en el caso.  

El director de la GOA en Pensilvania, Val W. Finnell, calificó la orden de Kenney de "postura" por el fracaso de la ciudad en relación con la impugnación de la ley de prelación. 

En relación con la Ley de Preferencia, el Tribunal Supremo de Pensilvania dictaminó en 1996 que el poder legislativo del estado tenía la facultad de preponderar las leyes de control de armas en el estado. Desde entonces, la ciudad ha intentado desafiarla en numerosas ocasiones. 

El pasado mes de febrero, el estado también se opuso a una ley de la ciudad que habría exigido a los propietarios de armas que informasen a las fuerzas del orden cuando cualquier arma de fuego fuese robada o se perdiese, con la esperanza de poder rastrear las armas de fuego en la ciudad y, potencialmente, poder retirarlas de la calle. La ciudad apeló y ahora está retenida en los tribunales superiores. 

La ciudad se encuentra actualmente en una crisis de violencia armada que se ha convertido en endémica. Hasta el 3 de octubre, Filadelfia había registrado 409 homicidios, la mayoría de ellos por violencia con armas de fuego, y va camino de batir el récord del año pasado de 562. 

Kenney y otros funcionarios de la ciudad han señalado que la Ley de Preferencia es una barricada

en los esfuerzos por reducir la violencia armada. Horas después de que Kenney firmara el proyecto de ley, se produjo un tiroteo en el instituto Roxborough después de un partido de fútbol que mató a un joven de 14 años e hirió a otros cuatro. 

La ciudad está revisando actualmente la decisión del juez Robert.