Casi una década después del trágico tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook que se llevó la vida de 26 personas, entre ellas 20 niños, se ha llegado a un acuerdo. 

El 15 de febrero, las familias de los cinco niños y cuatro adultos muertos en el tiroteo masivo llegaron a un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con el fabricante de armas Remington Arms y sus cuatro aseguradoras. 

El acuerdo lleva más de siete años después de que las familias presentaran una demanda por homicidio culposo contra Remington, que fabricó el rifle de estilo AR-15 que se utilizó en la masacre que dejó 20 alumnos de primer grado y seis educadores muertos en Newtown, Connecticut. 

"Esta victoria debe servir como una llamada de atención, no sólo a la industria de las armas, sino también a las compañías de seguros y bancarias. Para la industria de las armas, es hora de dejar de comercializar imprudentemente todas las armas para todas las personas y para todos los usos y, en cambio, preguntarse cómo la comercialización puede reducir el riesgo. Para las industrias de los seguros y la banca, es hora de reconocer el coste financiero de las empresas aseguradoras que elevan el beneficio mediante la escalada del riesgo", dijo Josh Koskoff, abogado de los demandantes. 

Añadió que espera que este acuerdo "sea la primera piedra en la avalancha que obligue a ese cambio".

En la demanda se argumentaba que la empresa nunca debería haber vendido un arma tan peligrosa al público, y también que jugó un papel peligroso en la forma de comercializar sus productos, violando una ley de Connecticut que impide las prácticas de marketing engañosas. 

Remington, se ha declarado en bancarrota dos veces en los últimos años, argumentó que no había pruebas para establecer que su comercialización tuviera algo que ver con el tiroteo. 

Es la primera vez que un fabricante de armas estadounidense es considerado responsable de un tiroteo masivo.

La esperanza es que esto siente las bases para otras demandas futuras contra los fabricantes de armas para hacerlos mas responsables, y también para prevenir futuros masivos tiroteos.

Así lo ha manifestado Nicole Hockley, madre de Connecticut que perdió a su hijo de 6 años durante el tiroteo y cofundadora y directora general de la Fundación Sandy Hook Promise.

"Mi esperanza con esta demanda es que, al enfrentarse y ser finalmente penalizados por el impacto de su trabajo, las compañías de armas, junto con las industrias de seguros y bancarias que las permiten, se vean obligadas a hacer sus prácticas más seguras que nunca, lo que salvará vidas y evitará más tiroteos", dijo a Associated Press.

El sentimiento fue compartido por los otros demandantes en el juicio. 

Francine Wheeler, cuyo hijo de seis años, Benjamin, también murió en el tiroteo, aseguró que la demanda y el posterior acuerdo no son suficientes para honrar a su hijo. 

"Hoy se trata de cómo y por qué murió. Hoy se trata de lo que está bien y lo que está mal. Hoy se trata de los últimos cinco minutos de su vida. Qué fueron trágicos, traumáticos y lo peor que le puede pasar a un niño", dijo. 

El 14 de diciembre de 2012, el pistolero de 20 años Adam Lanza entró por la fuerza en la escuela primaria Sandy Hook -la escuela a la que él mismo asistió de niño- y disparó mortalmente a 26 personas. Antes de irrumpir en la escuela, había disparado mortalmente a su madre, antes de suicidarse cuando llegaron las autoridades tras la masacre. 

Desde entonces, Estados Unidos ha sido testigo de otros tiroteos masivos, incluidos dos que han provocado aún más víctimas y fallecidos.

A pesar de que la masacre de Sandy Hook iba dirigida a niños de primer grado, no se ha aprobado ninguna nueva legislación sobre armas en el país. 

En 2005 se firmó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, una razón de peso por la que los fabricantes de armas han estado en gran medida protegidos de la responsabilidad por los tiroteos masivos a lo largo de los años. 

En una declaración tras el acuerdo, el presidente Joe Biden reiteró su llamamiento a derogar la ley. 

"Seguiré instando a los legisladores estatales y locales, a los abogados y a los supervivientes de la violencia con armas de fuego a que se esfuercen por repetir el éxito de las familias de Sandy Hook. Juntos, podemos enviar un mensaje claro a los fabricantes y distribuidores de armas: deben cambiar sus modelos de negocio para ser parte de la solución de la epidemia de violencia con armas, o asumirán el coste financiero de su complicidad", dijo.

Queda por ver cómo se desarrollarán las ramificaciones de esta demanda y del acuerdo en los próximos años; sin embargo, continuará la conversación sobre cómo se abordan los derechos y el control de las armas en todo el país.