Según un nuevo informe del grupo de control de armas Brady, casi 15.000 armas de fuego en Filadelfia recuperadas en investigaciones criminales o confiscadas a personas que las poseían ilegalmente pueden ser rastreadas hasta nueve distribuidores locales.

El informe, titulado "Uncovering the Truth about Pennsylvania Crime Guns", refuerza lo que otros estudios han demostrado: que un pequeño número de armerías en Pensilvania suministran la mayoría de los delitos con armas de fuego del Estado. 

El informe de Brady ha podido identificar las tiendas que venden más armas para delinquir en Filadelfia. Proporciona la revisión más amplia en dos décadas sobre el origen de miles de armas utilizadas, o sospechosas de haber sido utilizadas, en un delito, u obtenidas por una persona a la que se le prohibió poseer una. 

También sugiere limitaciones y transparencia en torno a la venta de armas de fuego.  

En todo el estado, el informe descubrió que, si bien muchos distribuidores de AP estaban vinculados a pocas armas o a ninguna, un pequeño número de distribuidores vendía las armas originalmente. Sólo el 1% de los distribuidores del estado eran responsables de la mitad de las armas de fuego recuperadas, y el 20% de ellos eran responsables del 90% de las armas. 

El mayor número de armas de fuego de Filadelfia (2.842) se localizó en Colosimo's, una tienda de la calle Spring Garden que cerró en 2009. 

El asesor legal y director de programas de Brady, Joshua Scharff, dijo a The Philadelphia Inquirer que el conjunto de datos se remonta a 1977, pero ahora es más completo porque el fiscal general del estado comenzó recientemente a centrarse en el rastreo de armas y el intercambio de datos. 

En 2019, el fiscal general Josh Shapiro lanzó la iniciativa Pennsylvania Track + Trace, un esfuerzo de colaboración con los departamentos de policía de todo el estado para centralizar el seguimiento de las transferencias ilegales de armas. 

"He dicho durante años que la mayoría de las armas criminales provienen de un pequeño número de tiendas", dijo Shapiro en un comunicado el viernes 29 de abril.

Shapiro, sin embargo, advirtió contra la extracción de conclusiones sobre los vendedores individuales a partir de los datos, diciendo que un vendedor de armas que terminan en crímenes también puede estar informando a las fuerzas de seguridad sobre los presuntos compradores de paja, y esa cooperación no estaría disponible públicamente.

"Estas cifras de tiendas cerradas muestran realmente el daño que puede hacer un vendedor irresponsable. Estas armas son duraderas y tienen una larga vida", dijo Scharff. 

La mayoría de las tiendas de Filadelfia mencionadas en la lista siguen abiertas y su mercancía se vende rápidamente. 

El viernes 29 de abril, los propietarios de las armerías locales y los defensores de los derechos de las armas se opusieron al estudio, alegando que es fundamentalmente defectuoso. 

2.356 armas de fuego procedentes de la tienda del sur de Filadelfia, Philadelphia Training Academy, que ocupó el segundo lugar de la lista. 

Pero el propietario, Jimmy Mastroddi, dijo a The Inquirer que el análisis no tiene en cuenta que tiendas como la suya venden un volumen de armas mucho mayor que la mayoría de las demás. 

Mastroddi dijo que la cifra es "injusta" y que las salvaguardias de su personal para evitar la venta ilegal van "más allá" de las normas del sector. Algunas de estas medidas incluyen la vigilancia de los clientes potenciales que puedan estar comunicándose con otra persona a través de auriculares Bluetooth o de mensajes de texto. 

"Esa es mi primera prioridad, identificar y descartar cualquier posible compra de paja", dijo Mastroddi.

A nivel nacional, es necesario un enfoque adaptado al considerar las tiendas de todo el mapa.

"Hay un amplio espectro de comportamiento con el que nos enfrentamos cuando se trata de estas tiendas. Algunas de ellas necesitan apoyo, otras necesitan un mayor escrutinio y otras simplemente necesitan ser cerradas", dijo T. Christian Heyne, vicepresidente de política de Brady, a The New York Times. 

Heyne dijo que la gran mayoría de los distribuidores están vendiendo armas de forma segura, y que el propósito de publicar el informe era presionar a los funcionarios federales, estatales y locales para que se centren en contrarrestar "las malas acciones de unos pocos."