Nury Chavarría, de 43 años y madre de cuatro jóvenes, se dirigía al aeropuerto de New Haven para tomar un vuelo de regreso a Guatemala, cuando a última hora decidió cambiar de opinión y huyó hacia la Iglesia De Dios Pentecostal, para buscar refugio mientras activistas y abogados tomaban su caso.

Chavarría entró a Estados Unidos como indocumentada en 1993, huyendo de la violencia en Guatemala. Según explicó Kica Matos, abogada y directora de Derechos de los Migrantes Center for Community Change a NTN24, “cuando vino por primera vez, aplicó por asilo político y el sistema migratorio se lo otorgó a su mamá, a su papá y a su hermana, pero a ella no”.

La inmigrante ha trabajado desde entonces limpiando casas para sobrevivir, y tiene cuatro hijos, el mayor de los cuales sufre de parálisis cerebral. En 1998 y 1999, recibió órdenes de deportación, pero no las acató. En el 2010, se le otorgó un permiso de un año por razones humanitarias, que renovó consecutivamente hasta este año, cuando, durante su visita de chequeo a la Oficina de Inmigración y Aduanas, se le informó que debía abandonar el país.

Sus abogados han asegurado que las circunstancias de su caso cambiaron debido a las nuevas medidas migratorias instauradas por la nueva administración, según reportó el Hartford Courant.

Según Marisol Orihuela, abogado supervisor de la Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic en la escuela de derecho de la Universidad de Yale, un grupo de abogados se organizó junto con el abogado defensor de Chavarría, Glenn Formica, para intentar armar un caso a su favor. Tras sólo una hora de introducir mociones en la Corte del Distrito de Hartford el día miércoles, los abogados recibieron una autorización de estadía preventiva, mientras la Corte evaluaba su caso.

La falta de récord criminal por parte de Chavarría ha sido uno de los argumentos más importantes para sus defensores. Asimismo, el gobernador de Connecticut, Dannel P. Malloy, se pronunció a favor de la inmigrante:

“Nunca hubo una justificación racional para que Nury Chavarría fuera amenazada con la deportación y con ser separada de sus hijos y aplaudo la decisión del ICE y de la corte de permitirle seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos con su familia”, aseguró el funcionario. “Los inmigrantes son vitales para la construcción de nuestra nación. En vez de enfocarnos en quienes viven pacíficamente dentro de nuestras fronteras, nuestra atención debería enfocarse en aquellos que hacen daño a otros”.