En octubre de 2018, agentes uniformados llegaron a una vivienda en la zona de Inland Empire, California; llamaron a la puerta, y preguntaron por Osny Sorto-Vazquez. El joven no se encontraba en casa. Los agentes dijeron ser policías, entraron al apartamento, y pidieron a la familia llamar a Osny por teléfono. Un par de días después volvieron, y sin orden de arresto alguna, detuvieron a Osny. Eran agentes de inmigración.

Osny no debía haber sido detenido: Originario de Honduras, vino a vivir a Estados Unidos en 2003, a los nueve años de edad, y ha estado aquí desde entonces. Es el soporte económico de su madre y sus hermanos menores, quienes se encuentran legalmente en Estados Unidos. Está casado con un ciudadano estadounidense, y es beneficiario de DACA, el programa de protección temporal para inmigrantes indocumentados, generalmente conocidos como “Dreamers”, que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad; una orden ejecutiva del presidente Barack Obama emitida en 2012.

Gracias a este programa, Osny obtuvo el permiso de trabajo que le permitió ejercer como asistente de enfermería certificado. Sí, es así: un joven enfermero certificado, de esos que durante la pandemia de COVID-19 son llamados “héroes”, fue arrestado, llevado al centro de detención de inmigrantes de Adelanto, en California, y a pesar de estar protegido por DACA, estuvo ahí por tres meses.

A raíz de la extensión de la pandemia, la discusión sobre los trabajos esenciales que están en manos de los inmigrantes ha reavivado el debate sobre la necesidad de regularizar a quienes no cuentan con documentos, o se encuentran bajo protección temporal. 

Mientras integrantes de la administración Trump han hecho declaraciones sobre la necesidad de trabajadores esenciales en Estados Unidos, y en todas las ciudades se les llama “héroes”, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) continúa realizando tareas de detención y deportación de inmigrantes, poniendo de manifiesto el doble estándar del sistema.

El caso de Osny no es una excepción. En Estados Unidos hay casi 700 mil jóvenes que han sido protegidos por DACA, y que han sabido aprovechar esta oportunidad: han terminado sus estudios, algunos se han graduado con honores; se han convertido en médicos, enfermeros, abogados, activistas; algunos han creado pequeñas empresas que generan empleo, y muchos son el principal sostén económico de su familia.

Es sabido que los beneficiarios de DACA han contribuido por un largo tiempo a la economía de Estados Unidos, a su fuerza laboral, y ahora a combatir la pandemia de COVID-19 trabajando en la línea de combate.

Los números oficiales dan una idea de la importancia del rol de estos jóvenes en la marcha del país. De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo en 2018, el área en la que más trabajan los beneficiarios de DACA es restaurantes y servicios de alimentos, casi 77 mil jóvenes. Les siguen los 43 mil que trabajan en el sector de cuidado de la salud y asistencia social, incluyendo a los más de 10 mil que realizan este trabajo en hospitales; los 21 mil que trabajan en bodegas y transporte de mercancía; los 32 mil que trabajan en supermercados, farmacias y otros comercios; los 14 mil del sector manufacturero, y los más de 10 mil que realizan labores de limpieza y manejo de desperdicios.

Casi una tercera parte de todos los jóvenes beneficiarios de DACA se encuentran entre quienes hoy responden en el frente de batalla contra el virus. Sin embargo, realizar este trabajo no es la mayor amenaza para los “Dreamers”. A la presión de poner en riesgo la salud propia y la de los seres queridos realizando sus tareas cotidianas, se suma una ansiedad adicional.

En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos inició una serie de audiencias para determinar la legalidad de la decisión tomada por la administración Trump en 2017, que busca rescindir DACA. Se espera que la resolución judicial sea anunciada a finales de este mes de junio, antes de que la corte entre en receso. 

Justo en el momento en el que las comunidades inmigrantes se encuentran más vulnerables, podría llegar un golpe directo a la generación que tiene los mayores vínculos con este país.

Quienes han sentido durante estas semanas la angustia por la incertidumbre sobre el futuro, sobre qué pasará después de la pandemia, pueden ahora tener una idea de la tensión constante en la que viven desde hace años los jóvenes protegidos por DACA. 

No importa cuán brillantes sean en sus estudios o cuán exitosos sean en sus carreras profesionales; no importa cuánto amen a este país, o cuánto los necesiten sus familias: cada dos años su vida queda en un impasse mientras pasan por el proceso de renovar su permiso. Una falla administrativa, una confusión, un pretexto cualquiera por parte de la autoridad, puede acabar con la vida que han construido y con sus planes para el futuro.

En la medida en que la pandemia de COVID-19 y la resolución de la Corte Suprema han coincidido temporalmente, cada vez se escuchan más testimonios sobre beneficiarios de DACA que trabajan en hospitales, cuya preocupación más grande no es el virus, sino su estatus.

En un diario nacional, Hina Naveed, una joven originaria de Pakistán que ha vivido por dos décadas en Estados Unidos, es beneficiaria de DACA, estudiante de Leyes, y trabaja como enfermera en la ciudad de Nueva York, compartió hace unos días su frustración. “Conozco de primera mano lo fuerte que esta nueva crisis está golpeando a nuestra comunidad”, dice, pero asegura que “lo que vivimos esperando es la decisión de la Corte Suprema sobre si la administración Trump puede dar por finalizado DACA”.

Ha sido estremecedor ver testimonios como el de Hina repitiéndose por todo el país durante las últimas semanas. Un diario de Texas reporta cómo Josue Tayub, quien tiene 35 años y trabaja como enfermero en el área de emergencias de un hospital de El Paso, describe la presión que le representa no saber lo que ocurrirá con DACA. “Es algo que está en mi mente todo el tiempo. La incertidumbre cada día, nunca se va”. 

A sus 29 años de edad, y con la experiencia de haber atendido a algunas de las víctimas del tiroteo ocurrido en el Walmart de esa ciudad en agosto de 2019, que dejó 23 muertos y el mismo número de heridos, la principal preocupación de Josue pende de una decisión de la corte.

En el estado de Washington, Jessica Esparza, enfermera de una Unidad de Cuidado Intensivo (ICU) en un hospital a dos horas de Seattle, escribe: “Soy nueva en la ICU, así que me preocupo por la salud de mis pacientes, pero al mismo tiempo por mi estatus como residente de Estados Unidos”. Jessica, originaria de México, fue traída a este país cuando tenía 11 años.

Si la resolución de la Corte Suprema favorece la iniciativa de Donald Trump y DACA es cancelado, los 700 mil beneficiarios del programa enfrentarían la pérdida de su número de seguridad social y su permiso temporal de trabajo, y con ello también el acceso a estudiar y a desarrollarse en una profesión. Y volvería el riesgo de ser deportados, con la consiguiente separación familiar.

A esto se suma un elemento de impacto adicional: la cancelación de DACA también afectaría directamente a 320 mil niños que son ciudadanos estadounidenses, cuyos padres son beneficiarios del programa. La pérdida del permiso de trabajo temporal, también les arrebataría el derecho de acceder a un seguro de desempleo. En un momento de extrema vulnerabilidad para toda la población, estas comunidades quedarán doblemente vulnerables.

Pero más allá de las implicaciones que la cancelación de DACA puede traer para estos jóvenes y sus familias––emocionales, financieras, psicológicas––, la resolución generaría también un impacto en las filas de los trabajadores esenciales que de por sí, en condiciones ordinarias, representan un punto débil para la sociedad estadounidense.

De acuerdo con cifras de Migration Policy Institute (MPI) publicadas en abril de 2020, existen seis millones de trabajadores inmigrantes––con diversos estatus legales–– en el total de los sectores considerados como líneas de combate contra la pandemia. Específicamente, en el sector salud un 17 por ciento son inmigrantes, pero al analizar su distribución por actividad y ubicación, los porcentajes crecen: 29 por ciento de todos los médicos y cirujanos del país, y 38 por ciento de los cuidadores de salud en casa, nacieron fuera de Estados Unidos. 

Este porcentaje se eleva cuando se revisan algunos estados de manera individual: 

En Nueva York, 37 por ciento de los trabajadores de salud son inmigrantes; 35 por ciento en California, 34 por ciento en New Jersey, y 30 por ciento en Florida. Los inmigrantes también representan un porcentaje elevado entre quienes trabajan en la limpieza de hospitales, y en el sector de producción y distribución de alimentos.

Los mismos análisis de MPI indican que en los próximos diez años habrá un aumento en la necesidad de trabajadores en el sector de atención a la salud en Estados Unidos, cercano a los dos millones.

La población está envejeciendo y viviendo más años, lo cual representa una mayor necesidad de cuidado y tratamiento para las enfermedades crónicas, y los actuales trabajadores del cuidado de la salud se están retirando, al igual que quienes enseñan en escuelas de medicina y enfermería. Adicionalmente, la dificultad para obtener licencias para ejercer en cada estado reduce la posibilidad de movilidad geográfica de los profesionales que ya existen.

Entre los inmigrantes que se sumarán a las filas de la próxima generación de trabajadores de la salud se encuentran los beneficiarios de DACA, que a pesar de contar con esa protección, sigue viviendo bajo la amenaza punitiva de las autoridades federales. En el caso de Osny Sorto-Vasquez Kidd, una demanda legal ha sido interpuesta por parte de organizaciones de defensa de derechos civiles para evitar que este tipo de violaciones a los derechos de los inmigrantes continúen ocurriendo en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Mientras una parte del sistema reconoce a los trabajadores en las primeras líneas de respuesta al COVID y otra los criminaliza, la mano de obra inmigrante en los sectores de servicios esenciales sigue siendo determinante.