Durante casi un año, millones de estadounidenses han estado luchando para pagar su alquiler debido a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Afortunadamente han tenido cierta protección contra la pérdida de su casa gracias a la Ley CARES y al segundo proyecto de ley de ayuda económica.

La Ley CARES, que se convirtió en ley el pasado mes de marzo, impuso una moratoria de desahucio para los inquilinos de viviendas con asistencia federal o con hipotecas respaldadas por el gobierno federal. El segundo proyecto de ley de alivio COVID-19, que se firmó en diciembre, también incluía moratorias temporales para muchos desalojos. 

Pero el alivio era temporal. La moratoria de la Ley CARES expiró después de sólo 120 días y el segundo proyecto de ley de ayuda expiró el 31 de enero. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han intervenido y han impuesto una moratoria similar por su cuenta, citando una ley federal que permite al director de los CDC "hacer y aplicar las regulaciones que, a su juicio, sean necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades contagiosas". 

No ha sido del todo eficaz sin la legislación local también algo se ha sentido.

El jueves 25 de febrero, un juez federal designado por Trump dictaminó que la prohibición de los CDC sobre los desalojos, vigente desde septiembre de 2020, es inconstitucional. 

"Aunque la pandemia del COVID-19 persiste, también lo hace la Constitución", escribió el juez federal John Baker. Su fallo se alineó con la opinión de un grupo de administradores de propiedades que argumentaron que la prohibición va más allá del poder del gobierno federal. 

Independientemente de que la moratoria de los CDC sea constitucional o no, la cuestión ahora es que millones de estadounidenses podrían quedarse sin hogar mientras la pandemia sigue cobrándose vidas. 

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas estimó que 14 millones de estadounidenses tienen dificultades para pagar el alquiler durante la crisis. 

Un estudio realizado por un grupo de expertos en salud pública de universidades como la Johns Hopkins y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, descubrió que los desahucios están directamente relacionados con un aumento de los casos y muertes por coronavirus en una zona determinada.

"Cuando la gente es desahuciada, a menudo se muda con amigos y familiares, y eso aumenta su número de contactos", dijo Kathryn Leifheit, una de las autoras de la investigación y becaria postdoctoral de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA. 

Leifheit también explicó que el desalojo podría dejar a las personas con la opción de entrar en un refugio para personas sin hogar, que ya puede estar bastante lleno. 

"No es exagerado decir que, para muchas personas, el desalojo puede conducir a la muerte", señaló Helen Matthews, directora de comunicaciones de la organización sin ánimo de lucro de Boston, City Life Vita Urbana. 

Aunque el juez Baker aún no ha emitido una orden judicial, sugirió que lo haría pronto, una decisión que podría dejar a millones de estadounidenses en riesgo de desahucio. Los defensores de la moratoria esperan que la Casa Blanca intervenga, y lo haga rápidamente. 

Emily Benfer, profesora visitante de Derecho en la Universidad de Wake Forest, declaró que la sentencia supone un gran cambio con respecto a todas las demás decisiones de los tribunales de distrito, que defendieron la moratoria como perfectamente constitucional. 

"La moratoria de los CDC es una medida crítica de mitigación de la pandemia que protege la salud y la seguridad al impedir la propagación comunitaria del COVID-19 debido al desalojo", dijo Benfer. 

Ahora le toca al gobierno de Biden defender la moratoria de desalojo del CDC en los tribunales.