Justo cuando la financiación federal estaba a punto de expirar el viernes 23 de diciembre, el Senado aprobó el proyecto de ley de gastos del gobierno federal de 1,7 billones de dólares para un año el jueves 22 de diciembre por la tarde. El proyecto fue aprobado por 68 votos a favor y 29 en contra, y ahora pasa a la Cámara de Representantes para una votación final antes de dirigirse al presidente Joe Biden para que lo convierta oficialmente en ley. 

Con ello, el gobierno evita un cierre antes de las fiestas. El Congreso trabaja ahora contrarreloj, ya que los fondos federales expirarán a última hora de la noche del viernes 23 de diciembre. Las negociaciones entre los senadores avanzaron significativamente el jueves por la mañana después de que las conversaciones se estancaran inicialmente durante días debido a la enmienda del GOP con respecto a la política de inmigración de la era Trump, Título 42. 

El proyecto de ley financiará al gobierno hasta finales del próximo mes de septiembre, al final del próximo año fiscal. Los 1,7 billones de dólares abordarán muchas áreas clave, como la revisión de las leyes electorales en un esfuerzo por evitar otro ataque del 6 de enero. Incluye protecciones adicionales en el lugar de trabajo para las empleadas embarazadas o en periodo de lactancia. 

Según un resumen del proyecto de ley del senador demócrata Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado, la legislación también incluye 772.500 millones de dólares para programas discrecionales no relacionados con la defensa y 858.000 millones de dólares en financiación de la defensa, Además, hay enormes disposiciones de Medicaid, con una implicación que podría resultar, poner fin a la cobertura de hasta 19 millones de personas del programa de seguro de salud de la nación para los ciudadanos de bajos ingresos. 

También hay unos 45.000 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania y a los aliados de la OTAN, aumento del gasto para ayuda en caso de catástrofe, acceso a la universidad, atención infantil, salud mental y asistencia alimentaria, apoyo adicional a los militares y veteranos y más fondos para la Policía del Capitolio de Estados Unidos. 

Aunque el proyecto de ley ayudará a millones de personas, las 4.000 páginas del proyecto de ley de gastos no incluyen un puñado de medidas por las que muchos legisladores han abogado. La ampliación del crédito fiscal por hijos y la exclusión de las exenciones fiscales a particulares y empresas son algunas de ellas. Una medida en particular habría permitido a las empresas de cannabis para depositar sus reservas de efectivo - o Safe Banking Act, y una solicitud de la Casa Blanca de $ 10 mil millones en fondos adicionales para la respuesta COVID-19 tampoco se incluyó.

Crédito fiscal por hijos y cannabis

Varios legisladores demócratas y defensores de los consumidores lucharon denodadamente para incluir una medida que habría ampliado al menos una disposición de la bonificación fiscal por hijos mejorada que entró en vigor por primera vez el año pasado gracias al Plan de Rescate Americano de los demócratas, dotado con 1,9 billones de dólares. Su objetivo era hacer que el crédito fuera más reembolsable, permitiendo que algunas de las familias con ingresos más bajos pudieran optar a él. Según una estimación del Centro de Política Fiscal, algo menos de 19 millones de niños no recibirán la totalidad de la prestación de 2.000 dólares este año porque sus padres no ganan lo suficiente. 

Los senadores también estaban considerando una disposición que habría facilitado a los negocios autorizados de cannabis aceptar tarjetas de crédito, pero finalmente la dejaron fuera. Otra disposición, conocida como la Ley de Banca Segura que fue aprobada anteriormente por la Cámara, habría prohibido a los reguladores federales tomar medidas contra los bancos por prestar servicios a los negocios legítimos de cannabis. Aunque más de 47 estados han legalizado de algún modo el cannabis, sigue siendo ilegal a nivel federal. Con los bancos en peligro de enfrentarse a acciones legales, deja a muchos cultivadores y vendedores legales fuera del sistema bancario. 

¿Qué incluye? 

En lo que respecta a la atención sanitaria, el proyecto de ley eliminaría el requisito que impedía a los estados dar de baja a los beneficiarios de Medicaid al estar vigente la emergencia de salud pública nacional a cambio de una mayor contrapartida federal. Esta medida específica se promulgó por primera vez como parte de un paquete de ayuda COVID-19 aprobado en plena pandemia en marzo de 2020. Gracias a ella, se ha alcanzado la cifra récord de más de 90 millones de afiliados a Medicaid.

También según el proyecto de ley, los estados no podrían empezar a revisar la elegibilidad de los inscritos en Medicaid a partir del 1 de abril. Este proceso duraría 12 meses. También prevé la eliminación progresiva de la financiación federal reforzada de Medicaid hasta finales de 2023, pero los estados tendrían que cumplir ciertas condiciones durante ese periodo. Según las estimaciones, hasta 19 millones de personas podrían perder sus prestaciones, pero muchas podrían optar a otro tipo de cobertura.

Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil, conocido como CHIP, podrán ofrecer ahora 12 meses de cobertura continua a los niños. Hasta 40 millones de niños beneficiarios de Medicaid y CHIP tendrán acceso a asistencia sanitaria durante todo el año.

Mientras la guerra en Ucrania sigue haciendo estragos, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, obtendrá financiación adicional para ayudar a combatir la guerra, con unos 45.000 millones de dólares para defenderse del ataque de Rusia. Alrededor de 9.000 millones de dólares se destinarían a sus fuerzas armadas para pagar formación, armamento, apoyo logístico y salarios. Algo menos de 12.000 millones de dólares se destinarían a reponer las existencias estadounidenses de equipos enviados a Ucrania a través de la autoridad presidencial.

Ucrania también recibirá 13.000 millones de dólares para apoyo económico al gobierno. Otros fondos se destinarán a necesidades humanitarias y de infraestructuras, así como a apoyar las operaciones del Mando Europeo. Otra disposición también dificultaría la anulación de unas elecciones presidenciales certificadas, para evitar otro atentado como el del 6 de enero. La disposición revisaría la Ley de Recuento Electoral de 1887, la misma que el expresidente Donald Trump intentó utilizar para anular las infames elecciones de 2020. 

El proyecto de ley de gastos ayudará a financiar los procesos por el atentado del 6 de enero. Se destinarán 2.600 millones de dólares a los fiscales de Estados Unidos, lo que incluiría la financiación de esfuerzos "para seguir apoyando los enjuiciamientos relacionados con el ataque del 6 de enero en el Capitolio y los casos de terrorismo doméstico", según una hoja informativa. También se incluyen 11.300 millones de dólares para el FBI, entre ellos uno para investigar la violencia extremista y el terrorismo doméstico. En total, el Departamento de Justicia recibirá algo más de 39.000 millones de dólares. 

Dado que el coste de la universidad no hace más que aumentar, el proyecto de ley también ofrece cierta ayuda a los estudiantes que buscan una forma de pagar sus estudios. Aumentaría la cuantía máxima de la beca Pell en 500 dólares, hasta los 7.395 dólares, para el próximo curso escolar. Se trata del mayor aumento desde el curso 2009-2010. La beca Pell ayuda a unos 7 millones de estudiantes, muchos de ellos procedentes de familias con rentas bajas, y suele ser la mayor cantidad de dinero que reciben los estudiantes para su educación que no sea un préstamo privado. 

La legislación también destinará más de 8.000 millones de dólares al Child Care and Development Block Grant, lo que supone un aumento de casi el 30% respecto a su financiación anterior. Ahora también hay ayudas económicas para las familias con bajos ingresos que les darán la oportunidad de permitirse realmente el cuidado de los niños. Head Start -un programa que ayuda a la escolarización de los niños de familias con rentas bajas- recibiría algo menos de 12.000 millones de dólares, un 8,6% más. 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente recibirá 576 millones de dólares más, casi 10.100 millones de financiación total. Esto ayudaría a aumentar el apoyo a los programas de aplicación y cumplimiento, aire limpio, agua y productos químicos tóxicos. 

Si se aprueba, el proyecto de ley también abordará el creciente problema de las personas sin hogar, ya que proporcionará 3.600 millones de dólares para subvenciones de asistencia a personas sin hogar, lo que supone un aumento del 13%. Esto cambiaría significativamente la vida de más de un millón de personas sin hogar. 

"Este es uno de los paquetes de asignaciones más importantes que hemos hecho en mucho tiempo", dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. "El abanico de personas a las que ayuda es amplio y profundo".