El proceso de destitución del presidente estadounidense Donald Trump no sólo es un evento único en la historia, sino también uno difícil de comprender.

Desde que se hiciera pública la denuncia de un informante en el Departamento de Justicia sobre el presunto abuso de poder por parte de Trump al retener dinero aprobado por el Congreso para apoyar a Ucrania a cambio de información comprometedora sobre el ex vicepresidente Joe Biden, los últimos tres meses han sido claves para el futuro del país.

¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

La decisión de los Demócratas en la Cámara de Representantes de llevar a cabo la investigación sobre el abuso de poder del presidente fue detonada por un asunto peligroso: la negativa del Fiscal General William P. Barr de evaluar la denuncia del informante.

No hace falta haber leído a Montesquieu para entender que el balance democrático de países como Estados Unidos depende de la separación de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial.

Si un presidente siente que puede, digamos, disparar a alguien en la Quinta Avenida y no ser enjuiciado por ello, es deber de las ramas judiciales y legislativas de hacerle entender que nadie está por encima de la ley.

Mientras la Cámara de Representantes, es decir, la rama legislativa, insiste en mantener el sistema de controles y equilibrio, el tribalismo al que parece apegado el Fiscal General al proteger al presidente a toda costa, marca un precedente sobre el cual cualquier otro mandatario puede gobernar de manera tiránica.

Para muestra de ello, la decisión de Barr de “exonerar completamente” al presidente una vez se hizo pública la investigación Mueller, o su negativa a investigar si el presidente de hecho abusó de su poder.

Los tres meses de investigaciones, audiencias y revisión de evidencia por parte de los Comités de la Cámara determinaron que “el presidente Trump, personalmente y actuando a través de agentes dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos, solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, para beneficiar su reelección”, según explica el informe final de la Cámara.

Asimismo, el presidente habría obstruido la investigación de los Comités al prohibir a miembros de su gobierno a declarar y colaborar con documentación necesaria para establecer la evidencia.

Desde el 13 de noviembre, un puñado de funcionarios del gobierno decidieron poner al país primero y acudieron ante los Comités de la Cámara de Representantes, y ante el mundo, para testificar sobre lo que sabían en el asunto.

George Kent, Bill Taylor, Marie Yovanovitch, Fiona Hill y hasta el embajador ante la Unión Europea Gordon Sondland confirmaron en voz alta la denuncia del informante: el presidente había abusado de su poder.

El pasado miércoles el Comité Judiciario de la Cámara hizo pública la consideración de dos artículos de juicio político contra el presidente Trump: uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso.

A pesar de que el liderazgo del partido espera que tan sólo unos pocos legisladores no den su voto, conseguir el apoyo de algún Republicano es virtualmente imposible.

Desde un principio, el grueso Republicano ha atacado el procedimiento calificándole de “golpe político”, “proceso ilegal” y “cacería de brujas”, exigiendo audiencias públicas y el derecho al presidente de defenderse, todo a lo que la mayoría demócrata ha accedido.

El partido Republicano ha ido al extremo de avalar teorías conspirativas ampliamente desmontadas sobre la injerencia rusa en los comicios del 2016, intentando desesperadamente hallarle algo de legalidad a las acciones de Trump.

El panorama, mientras tanto, es de un juego político trancado a expensas de la erosión de la democracia.

Mientras Richard Nixon renunció y Bill Clinton fue absuelto en el Senado, el futuro del impeachment de Donald Trump es incierto.

El día miércoles, y por tercera vez en la historia moderna del país, el panel del Comité Judicial de la Cámara de Representantes discutía con evidencia en mano la destitución de un presidente.

Según recuenta el New York Times, mientras los demócratas contaban con la Constitución y los resultados de su investigación, los republicanos se redujeron al caciquismo y a atacar a sus oponentes por “su negativa a aceptar la legitimidad” del presidente.

“Esto tiene que ver tanto con la conveniencia política como con cualquier cosa”, dijo el principal republicano en el panel, el representante Doug Collins de Georgia.

Después del voto del día jueves, que seguramente contará con la mayoría demócrata en la Cámara, el camino a seguir es desconocido.

Los Republicanos en el Senado, que manejan la mayoría, esbozan una estrategia para llevar a cabo un “breve juicio de destitución” a principios de año, según explicó el Washington Post.

Varios senadores republicanos aseguraron que “sería mejor limitar el juicio y votar rápidamente para absolver a Trump, en lugar de participar en lo que podría convertirse en un circo político”.

Quizás sea ya demasiado tarde para eso, pues la carpa de colores está montada en el jardín de la Casa Blanca desde hace, al menos, tres años.