El lunes 19 de diciembre, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. que investiga el atentado del 6 de enero en el Capitolio, solicitó al Comité de Ética de la Cámara que tomara medidas contra el congresista republicano de Pensilvania Scott Perry por negarse a cumplir una citación judicial por la que ahora se enfrenta a posibles sanciones. 

El comité restringido remitió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que sancionara a Perry y a otros tres congresistas republicanos por negarse a cumplir una citación que les obligaba a testificar en las audiencias. 

Junto a Perry están el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy, de California, Jim Jordan, de Ohio, y Andy Biggs, de Arizona. Perry es la persona clave, ya que su nombre se menciona 22 veces a lo largo de 16 páginas en un informe publicado el pasado lunes por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes.

El expresidente Donald Trump -que se embarca en su segunda candidatura a la presidencia en 2024- se está dando cuenta ahora de que podría enfrentarse a cargos penales por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y ahora Perry y los otros cuatro congresistas del Partido Republicano se enfrentan a sanciones por su presunto papel en la trama de Trump. 

Aunque la remisión no es una petición de enjuiciamiento penal, el comité selecto es un panel que maneja la disciplina de los miembros de la Cámara por posibles infracciones. Puede que no acabe significando mucho en términos de consecuencias en el mundo real, aunque no es una gran imagen para el congresista de Pensilvania. 

En el caso de Perry, el comité selecto escribió que cree que la negativa de los cuatro congresistas a sus citaciones es una violación directa de una norma general del reglamento de la Cámara que exige que todos se comporten "de una manera que refleje el crédito de la Cámara".

Con su negativa a dicha citación, el Comité Selecto dijo que "socava el poder de larga data del Congreso para investigar en apoyo de su autoridad legislativa y sugiere que los miembros del Congreso pueden hacer caso omiso de las obligaciones legales que se aplican a los ciudadanos comunes."

Perry ha dicho en el pasado que no se involucraría en los procedimientos, diciendo que no creía que se hubiera establecido de acuerdo con el Reglamento de la Cámara.

"El Sr. Perry siente el mayor respeto por nuestra república constitucional americana y por la Cámara de Representantes", escribió el abogado de Perry al Comité Selecto el año pasado, en respuesta a una petición para que prestara testimonio. "Sin embargo, no puede, en conciencia, cumplir con una citación improcedente emitida por un Comité Selecto que no está debidamente constituido, que no ha seguido sus propias reglas y que, escandalosamente, está abusando de su autoridad para apuntar a miembros del partido político contrario".

El informe completo, publicado el lunes, explica con más detalle por qué recomendó a los cuatro funcionarios del Partido Republicano. 

"Su incumplimiento deliberado viola múltiples normas de conducta y les expone a medidas disciplinarias", se lee en el informe. "Si se deja impune, tal comportamiento socava el poder de larga data del Congreso para investigar en apoyo de su autoridad legislativa y sugiere que los miembros del Congreso pueden hacer caso omiso de las obligaciones legales que se aplican a los ciudadanos comunes".

Según el panel, Perry ayudó al Fiscal General Adjunto Jeff Clark a reunirse con el ex Presidente haciendo caso omiso de las políticas que prohíben ese tipo de interacción. 

Uno de los miembros del Comité Selecto, un demócrata de Maryland, Jamie Raskin, dijo que los congresistas fueron citados a testificar "en base al volumen de información" que tienen sobre el complot de Trump para anular los resultados. 

"Entendemos la gravedad de todas y cada una de las remisiones que estamos haciendo hoy. Igual que entendemos la magnitud del crimen contra la democracia que describimos en nuestro informe", dijo Raskin. "Pero hemos ido donde los hechos y la ley nos llevan, e ineludiblemente, nos llevan aquí".

Sin embargo, según el estratega republicano Sam Chen -que trabajó como director de campaña del representante republicano de Pensilvania Charlie Dent, que presidió el Comité de Ética de la Cámara entre 2015 y 2017-, las recomendaciones del comité selecto no son más que una leve reprimenda. 

"Generalmente, recomiendan cualquier cosa, desde una censura -que es solo un tirón de orejas- hasta la reasignación del comité, pasando por la expulsión [del Congreso]", dijo. "Pero ahora eso va a ser mucho más difícil de conseguir en la Cámara republicana que una simple censura. Así que creo que ese va a ser el reto de cara al futuro".

Chen también agregó que las recomendaciones, además de cualquier acción futura del Comité de Ética de la Cámara, solo alentarían y potenciarían aún más al Caucus de la Libertad de la Cámara pro-Trump que Perry lidera.

"El Freedom Caucus adopta en gran medida el enfoque de 'cuanto más fuerte, mejor', por lo que esto no es algo que creo que vaya a disuadirlos", dijo. "Aunque se reduzcan las condenas, las expulsiones, cosas así, vas a ver cómo lo utilizan como leña al fuego".

El Comité del 6 de enero ya ha recomendado cargos penales para Trump y otros involucrados, y han señalado que el Departamento de Justicia buscaría presentar más cargos de los que el panel recomienda.

Por el momento se desconoce si el Comité de Ética de la Cámara de Representantes va a actuar realmente sobre las recomendaciones, ya que se espera que su liderazgo cambie cuando los republicanos tomen el control de la Cámara en el nuevo año.