Casi un año después de los ataques al Capitolio de Washington por parte de seguidores ultraderechistas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaban impedir la legalización de los resultados de las elecciones presidenciales que daban como ganador a Joe Biden, finalmente una demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito de Columbia.

Karl Racine, fiscal general del Distrito de Columbia, fue quien acusó a “Proud Boys” y “Oath Keepers”, los grupos ultraderechistas detrás del asalto en el que murieron 5 personas y en el que más de 140 agentes fueron atacados.

“Estoy demandando a los Proud Boys y los Oath Keepers, la primera demanda civil de una entidad gubernamental contra los insurrectos del 6 de enero. Causaron un gran daño al Distrito, a nuestra democracia y particularmente a los valientes hombres y mujeres de nuestro Departamento de Policía Metropolitana”, señaló el fiscal a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Racine, se busca responsabilizar a estos “insurrectos” por conspirar para aterrorizar al Distrito, así como por la planificación, promoción y participación en el mortal ataque al Capitolio. “Estoy buscando una indemnización en este caso y seguiré trabajando para asegurar que tal asalto nunca vuelva a suceder”, subrayó el fiscal.

Durante el anuncio de la demanda, con la cual se buscan castigos penales y financieros por el ataque, también estuvo presente la representante del Distrito de Columbia ante la Cámara de Representantes, Eleanor Holmes Norton, quien dio luces del plan de la fiscalía para castigar a los atacantes.

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“Pude asegurar un pago federal de US$ 9.1 millones al Distrito, por medio de un proyecto de ley de asignaciones suplementarias de emergencia que se convirtió en ley en julio, para compensar así a D.C. por los costos directos de responder al ataque. Es apropiado que los perpetradores del ataque compensen a la ciudad por los otros costos en los que incurrió ese día, incluido el tratamiento médico y la licencia pagada, que están fuera del alcance de los fondos que pude asegurar para el Distrito. Desde daños a la propiedad policial hasta gastos médicos relacionados con el ataque, los perpetradores, incluidos los Proud Boys y Oath Keepers, deben pagar a D.C.”, declaró la representante. 

Para leer el comunicado completo puede hacer clic aquí.

Racine busca judicializar a más de treinta representantes de estos grupos, considerados de ultraderecha, con cargos por “conspirar para aterrorizar e interferir ilegalmente con la transición pacífica del poder en el país”, además de agredir a los representantes de la autoridad en el lugar de los hechos.  

Llama la atención que una de las leyes en las que se basa la demanda es una ley de derechos civiles de 1871 conocida como la Ley “Ku Klux Klan (KKK)”, la cual fue aprobada 15 años después del fin de la Guerra Civil de Estados Unidos para proteger a afroamericanos y legisladores del Congreso de la violencia proveniente de grupos supremacistas blancos. 

Las demandas contra estos movimientos de extrema derecha se suman a la acusación hecha por el comité de la Cámara Baja de Estados Unidos, entidad encargada de investigar el asalto al Capitolio, contra Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca durante el ataque, por “no cooperar con la indagación del ente legislativo”.

El ente acusador hizo referencia a la falta de un llamado a la cordura ese 6 de enero por parte del expresidente Trump, quien después de que la manifestación se volvió un ataque y se salió de control, publicó un video en el que no solo no condenaba a los atacantes, sino que por el contrario expresaba “compresión” y “simpatía por sus acciones”.

“Conozco su dolor. Sé que están dolidos. Tuvimos unas elecciones que nos robaron. Fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro bando”, fueron las palabras de Trump antes de pedir finalmente a los protestantes que se fueran a casa.