Este lunes se cumple un año de la muerte de Jakelin Caal, uno de los primeros casos de niños inmigrantes fallecidos en manos de las agencias de inmigración y aduanas estadounidenses.

Con tan sólo 7 años y proveniente de Guatemala, Jakelin murió por una agresiva infección generalizada detectada al ser recibida en un centro de detención en El Paso, Texas.

La niña había sido separada de su padre en la frontera, donde llegó con un grupo de 163 inmigrantes con el que había atravesado el desierto de Nuevo México.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, al menos 24 inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE, según un reportaje de NBC, y varios informes han señalado constantemente las tétricas circunstancias de detención a las que son sometidos los inmigrantes indocumentados en el país.

Tan sólo durante la semana pasada, se hizo público un vídeo en el que se prueba  la negligencia de las agencias migratorias a la hora de atender las necesidades médicas de los inmigrantes.

Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un inmigrante guatemalteco de 16 años, fue encontrado muerto en su celda de detención en el sur de Texas durante el mes de mayo, después de que su compañero de celda llamara la atención de los agentes.

Carlos había sido diagnosticado con gripe y una fiebre de 103 grados en el abarrotado centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, por lo que fue separado y enviado a una estación en Weslaco, según el comunicado de prensa de la Patrulla Fronteriza.

A pesar de que una enfermera practicante recomendó su observación cada dos horas y traslado a un centro de emergencias en caso de que empeorara, un vídeo obtenido por ProPublica demostró cómo los agentes “pasaron por alto señales cada vez más evidentes de que su condición era peligrosa”.

“El vídeo del bloque de celdas muestra a Carlos retorciéndose durante al menos 25 minutos en el suelo y en un banco de concreto”, explica el medio, asegurando que el joven colapsó y estuvo en la misma posición durante las siguientes cuatro horas y media.

Por su parte, un grupo de médicos voluntarios se ofreció en noviembre a vacunar gratuitamente a niños migrantes detenidos en California, pero fueron rechazados por la oficina de la Patrulla Fronteriza.

Gracias a la crisis administrativa instaurada por el gobierno bajo la campaña de “tolerancia cero”, miles de familias fueron separadas e hijos y padres sufren las mismas retaliaciones, a veces a kilómetros de distancia los unos de los otros.

Es por ello que varios grupos religiosos, doctores, activistas y representantes políticos han llamado a una vigilia frente a la oficina central de la Patrulla Fronteriza este lunes y llamar la atención sobre el sufrimiento que siguen viviendo los inmigrantes bajo custodia.

Mientras tanto, el gobierno parece seguir haciendo como si nada pasara.