Esta es otra de las historias que pasan desapercibidas sobre la cadena de sufrimientos de los inmigrantes a la hora de intentar rehacer sus vidas en Estados Unidos.

Laura Monterrosa, inmigrante salvadoreña de 23 años, fue detenida en mayo del 2017 tras intentar ingresar al país sin documentos, huyendo de la agresión contra personas LGBTQ que se vive día a día en su país. Tras 10 meses en prisión, y bajo amenazas de deportación, decidió hablar y hacer pública su situación de acoso sexual dentro de las instalaciones del centro T. Don Hutto en Taylor, Texas.

Según reportó Univisión, Monterrosa escribió una carta de denuncia detallando su situación y solicitando a la oficina del sheriff del condado Williamson que “tomara las riendas de la investigación”.

La carta fue hecha pública por el grupo activista proinmigrante Grassroots Leadership, que asumió la defensa legal y la lucha por la liberación de la joven salvadoreña.

En su carta, Monterrosa explicó que una de las guardias “buscaba o aprovechaba cada momento que podía para tocar mis pechos o mis piernas”, especificando que la situación de “tortura y amenazante relación” había comenzado durante el mes de junio.

Según la Grassroots Leadership, la entonces prisionera fue interrogada por funcionarios “sobre la agresión sexual y su salud mental, y la amenazaron con ponerla en confinamiento solitario en aislamiento médico”.

Asimismo, y según continúa la carta de Monterrosa, estas prácticas son comunes entre los funcionarios del centro de detención y las residentes “generalmente son amenazadas con ser cambiadas a otro centro de detención o ser deportadas inmediatamente si hablan”.

Gracias a su carta y a la lucha de los grupos activistas, su caso llegó al FBI durante el mes de diciembre y se procedió a abrir una investigación sobre el caso, pero según explicó la inmigrante a Mundo Hispánico, “sufrió represalias después de hablar”: “al principio cuando me tomaron la demanda, sentí como que me estaban tomando no como una víctima, sino como una criminal”, indicó al medio, asegurando que la presión llegó a tal punto que intentó quitarse la vida.

La lucha de Grassroots Leadership y del Fondo de Defensa Legal y Educativo Mexicano-Americano (MALDEF) consiguió introducir una apelación para su liberación ante el juez que emitió su sentencia de remoción, y finalmente pudo salir del confinamiento el pasado fin de semana, aunque se encuentra bajo una acción diferida que detiene temporalmente su deportación.

“(La Liberación de Monterrosa) demuestra el poder de la comunidad”, dijo Bethany Carson de Grassroots Leadership a Univisión. “Pero también sabemos que hay más de 500 mujeres encerradas en Hutto cada noche. Nuestros corazones están llenos sabiendo que Laura no pasará más tiempo en Hutto, pero no dejaremos de luchar hasta que se aborden todas las injusticias en Hutto y sus instalaciones cierren de una vez por todas”.

El Gobierno Federal ha acordado otorgarle a Monterrosa sesiones de tratamiento psiquiátrico para lidiar con su diagnóstico de estrés post traumático y de trastorno depresivo mayor.